"El Estado debería haber presentado una declaración jurada en este asunto, dada su gravedad", declaró el juez Alexander Muteti en una orden recogida por medios locales.
Muteti consideró que Kanja es la persona más indicada para explicar si los agentes policiales u otros actores estatales han estado involucrados en la desaparición de Mwaipaya, y describió como "preocupante" que las autoridades no hayan explicado si el activista ha sido expulsado del país y repatriado a Tanzania.
Unos días antes, el 30 de octubre, Muteti ordenó a la Policía presentar ante la sala al opositor tanzano, aunque el Estado declaró que Mwaipaya no se encontraba bajo custodia de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI).
Aquella orden se emitió después de que varias organizaciones pro derechos humanos presentaran una demanda para exigir que se revele el paradero de Mwaipaya y que este comparezca ante un tribunal.
La organización Vocal Africa impulsó la demanda junto a otras seis organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional (AI), la Unión Panafricana de Abogados (PALU) o la Comisión Internacional de Juristas (ICJ).
"Creemos que, hasta el momento, sigue en manos de las fuerzas de seguridad en Kenia. Es muy difícil demostrar eso, pero tenemos fuentes en las fuerzas de seguridad que nos lo han dado a entender", declaró a EFE el director ejecutivo de Vocal Africa, Hussein Khalid.
Mwaipaya fue supuestamente secuestrado el domingo hacia las 14:00 hora local (11:00 GMT), en Kamulu, en el condado de Machakos, al este de Nairobi, por individuos que circulaban en tres vehículos.
El opositor se desplazaba junto a otra persona que logró huir y proporcionó a las ONG un relato detallado del suceso.
Mwaipaya está vinculado a las juventudes del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), primera formación opositora en Tanzania y cuyo presidente, Tundu Lissu, se halla en prisión preventiva a la espera del veredicto en un juicio por traición.
Llevaba un año exiliado en Kenia, tras sufrir torturas en su país, y estaba implicado en intentos de organizar protestas para conmemorar la represión tras las elecciones generales del 29 de octubre de 2025.
Esos comicios se saldaron con una abrumadora victoria de la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, quien reprimió con dureza las protestas postelectorales, en las que hubo 518 muertos, según una comisión de investigación creada por la propia mandataria.
Expertos de la ONU, sin embargo, afirmaron que al menos 700 personas murieron y Chadema cifró en hasta 1.000 los fallecidos, citado por la organización Human Rights Watch (HRW).
Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan, en el poder desde 2021.