La revelación ayer de la identidad de 23 de los indultados, el resto sigue en secreto, ha provocado la critica de la Lista de Estudiantes, la candidatura creada por universitarios que ganó las elecciones parlamentarias con mayoría absoluta y acabó con los doce años de Vucic en el poder.
"El indulto es una institución jurídica excepcional que debe aplicarse en situaciones especiales y justificadas y no servir como medio de venganza política ni de ajustes personales", destacó la Lista en un comunicado en su perfil Instagram.
Entre los amnistiados por Vucic hay personas cercanas a su Gobierno que estaban acusadas de agredir a estudiantes durante las protestas, incluido un excriminal que hirió gravemente a una manifestante al atropellarla con su coche, y que estaba siendo juzgado por intento de asesinato con agravantes.
Otra de las indultadas por Vucic es Dijana Hrkalovic, una exsecretaria de Estado de Interior acusada de abuso de poder por obstruir las investigaciones policiales en favor de un grupo criminal acusado de varios asesinatos.
La Lista de Estudiantes considera que estos perdones presidenciales "socavaban la confianza en las instituciones y los cimientos mismos del orden jurídico".
La expresidenta del Tribunal Supremo de Serbia, Vida Petrovic Skero, ha opinado al respecto que Vucic no respetó el procedimiento legal ya que el proceso no fue iniciado por el Ministerio de Justicia.
"En ese caso, el procedimiento no es legal y el acto no puede producir ningún efecto", aseguró Petrovic Skero.
Un grupo de jueces y fiscales considera incluso que Vucic cometió un delito al proceder de esta manera y ha solicitado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado que lo investigue.
Vucic dimitió el pasado septiembre como jefe del Estado para poder presentarse al frente de su partido, el conservador SNS, a las elecciones parlamentarias y poder ser elegido primer ministro, cargo que ya ejerció entre 2014 y 2017.
La Lista de Estudiantes centró su candidatura en denunciar el creciente autoritarismo y corrupción de Vucic y en prometer defender el Estado de derecho y la independencia y transparencia de las instituciones.