De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, la extensión del estado de excepción regirá a partir del 5 de noviembre en las prisiones de Ancón I y Miguel Castro Castro, ubicadas en la capital Lima; y en El Milagro, la cárcel de Trujillo, ciudad de la costa norte del país que es uno de los epicentros de la actividad criminal.
También seguirán bajo estado de excepción la cárcel de Cochamarca, una de las más grandes del país ubicada en la región andina de Junín; y Challapalca, prisión de máxima seguridad donde los presos deben soportar duras condiciones al ubicarse en el altiplano peruano, a 4.800 metros sobre el nivel del mar en la región de Tacna, cerca a Bolivia.
En estas cárceles, Fujimori desplegó a militares para custodiar el perímetro de las instalaciones tras declararlas en emergencia, mientras que la Policía ha desarrollado requisas para confiscar armas blancas, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos, además de redadas en los alrededores para desmontar antenas clandestinas de telecomunicaciones.
Durante la vigencia de la prórroga del estado de excepción estarán suspendidos algunos derechos fundamentales como el de libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, tanto dentro de las prisiones como fuera de ellas, hasta en un radio de 200 metros.
La ampliación del estado de excepción se da además después de que este fin de semana se registrase un altercado dentro de la prisión de Trujillo que dejó al menos tres presos muertos.
Fujimori ha fijado en el control de las prisiones su política de seguridad para frenar el avance del crimen organizado, que se ha vuelto la principal preocupación de los peruanos ante el incremento de extorsiones a negocios y personas, a las que las bandas criminales exigen cupos de dinero bajo amenazas de muerte.
El sistema penitenciario de Perú se encuentra hacinado al albergar a unos 100.000 presos en 69 cárceles, cuya capacidad en conjunto es de apenas unos 40.000.