En un documento recogido por este medio, la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) indicó que el Gobierno estudia "ampliar el alcance" de la Ley Antiinfiltración, en vigor desde 2020, y de otras normas para sancionar con más severidad este tipo de actos, en aras de reforzar su efecto disuasorio.
El organismo explicó que, en la actualidad, estos ilícitos se juzgan sobre todo como delitos de lesiones o amenazas dentro del código penal o como infracciones de las leyes de prevención del crimen organizado y de protección de datos personales, cuyas penas son relativamente leves y tienen un componente disuasorio "limitado".
Además, no existen herramientas jurídicas adecuadas para perseguir a los responsables estatales que dirigen la "represión transnacional" ni a quienes dan las órdenes desde el extranjero, de acuerdo con la NSB, que no precisó qué penas contempla la reforma ni cuándo se presentará el proyecto ante el Legislativo.
La Oficina subrayó que su objetivo es desmantelar las "redes de colaboradores" del PCCh (Partido Comunista de China) en suelo taiwanés, prevenir nuevos casos y garantizar que la soberanía nacional y los derechos humanos "no sufran injerencias ni vulneraciones de fuerzas extranjeras".
Este informe se difunde después de que salieran a la luz en las últimas semanas varios casos de presunta represión transnacional atribuidos a Pekín, que reclama la soberanía de Taiwán y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla.
El más reciente de ellos fue la imputación, el pasado 21 de octubre, de cinco personas acusadas de embestir con un coche en septiembre al humorista Huang Yi-hao, conocido por sus parodias del líder chino, Xi Jinping, por encargo de una persona de China, que les pagó para que resultara herido y no pudiera actuar.
A principios de octubre, la Fiscalía de Taipéi acusó formalmente a cuatro personas y emitió órdenes de busca y captura contra dos hongkoneses que habrían pagado a una agencia de detectives para vigilar al legislador Puma Shen, actual candidato del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) a la alcaldía de Taipéi.
Y días antes, el FBI detuvo en el aeropuerto de Los Ángeles a una mujer residente en California acusada de vigilar en Seattle, por orden de funcionarios chinos, a un hijo del presidente taiwanés, Lai Ching-te, y a su familia.