"¡Habemus ley de sometimiento!", celebró el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.
El mandatario agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, quien elaboró la ley y la presentó para su debate, por su "extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante" esta iniciativa.
El Senado comenzó el lunes el debate sobre el proyecto de ley de sometimiento, que fue cuestionado por congresistas del Pacto Histórico, partido del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), por supuestamente favorecer a grupos armados ilegales.
Luego de varias jornadas de debate, finalmente el proyecto de ley fue aprobado el martes por la tarde con 57 votos a favor y 24 en contra.
En paralelo, la discusión se llevó a cabo en la Cámara de Representantes que, con 95 votos a favor y 10 en contra, aprobó la ley.
"Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia", enfatizó De la Espriella.
El ministro de Justicia negó que la ley incluya la suspensión de las órdenes de captura y de extradiciones, como denunciaron algunos congresistas del Pacto Histórico.
"No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de extradiciones, cero devoluciones", aseguró Cancino y resaltó que, por el contrario, se prioriza la "protección a los menores y penas fuertes para los reclutadores".
El Gobierno busca así fortalecer su política de seguridad luego de que De la Espriella desmantelara la propuesta de 'paz total' de su antecesor, Gustavo Petro, quien negociaba la paz con algunas guerrillas o disidencias de las extintas FARC y el sometimiento a la justicia de otros grupos armados.
"El país puede estar tranquilo porque recibe una ley que va a ser muy poderosa para que el presidente Abelardo de la Espriella pueda desarrollar su política de razón y fuerza", añadió Cancino.
Esta propuesta está destinada para organizaciones dedicadas a actividades en economías ilícitas, que cometan actos terroristas o afecten la seguridad y los derechos de la población, desde grupos armados ilegales hasta redes criminales más pequeñas.
La propuesta, explicó el ministro, busca dotar al Estado de herramientas jurídicas clave para desmantelar actores armados ilegales, así como garantizar el orden público, intervenir los territorios de forma integral y proteger a los civiles.
La representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal fue una de las más críticas de esta ley que, según dijo, "tiene problemas de fondo" porque "criminaliza la protesta social, desconoce los derechos de las víctimas y no garantiza su reparación".
"Desde la bancada de oposición hemos advertido, de manera reiterada, los graves vicios que contiene y los riesgos de una propuesta que, en lugar de avanzar hacia la paz con garantías, termina debilitando derechos y abriendo espacios de impunidad", afirmó Carrascal.