La corte con sede en Luxemburgo desestimó la mayor parte del recurso presentado por la entidad rusa y confirmó la legalidad de las sanciones económicas esenciales.
Únicamente estimó la parte del recurso relativa a la retirada del reconocimiento del RMRS como organización autorizada de inspección y certificación a escala de la Unión Europea (UE).
La sentencia dice que la retirada del reconocimiento del RMRS es desproporcionada, ya que existe una medida menos gravosa, la suspensión de dicho reconocimiento, que también habría permitido alcanzar el objetivo perseguido.
Los jueces europeos declararon sin embargo inadmisible la petición por parte del Registro de Buques ruso de anular el veto de entrada de sus buques certificados a los puertos y esclusas de la UE.
La Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) tiene su domicilio social en San Petersburgo (Rusia) y pertenece íntegramente al Estado ruso. Es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la clasificación, inspección y certificación de buques que enarbolan pabellones rusos o extranjeros.
Desde 1998, figuraba entre las organizaciones reconocidas a escala de la Unión Europea a las que los Estados miembros pueden autorizar para que lleven a cabo, en su nombre, la inspección, el reconocimiento y la certificación de los buques que enarbolan su pabellón.
En 2014, en respuesta a la situación en Ucrania, el Consejo de la Unión Europea adoptó medidas restrictivas contra Rusia, en particular en el ámbito financiero.
Tras el inicio, el 24 de febrero de 2022, de la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas armadas rusas, el Consejo amplió estas restricciones financieras a RMRS mediante su inclusión en la lista de entidades sujetas a una prohibición de las inversiones.
Asimismo, prohibió toda transacción con dicha organización, le retiró su reconocimiento a escala de la Unión e impuso a los Estados miembros la obligación de revocar las autorizaciones que le hubieran concedido. Por último, prohibió a los buques certificados por RMRS acceder a puertos y esclusas situados en el territorio de la Unión.
El RMRS presentó un recurso ante el Tribunal General de la UE en el que solicitaba la anulación de disposiciones de dichas medidas restrictivas, que habían sido prorrogadas sucesivamente hasta el 31 de julio de 2026.