El texto recibió 458 votos en contra y ninguno a favor, un resultado que el Ejecutivo centrista esperaba después de que las enmiendas aprobadas durante su tramitación alterasen sustancialmente el equilibrio del proyecto inicial.
Las modificaciones, impulsadas por distintas fuerzas de la oposición, incluyeron medidas tan dispares como la eliminación de una exención fiscal para las instalaciones eólicas marinas, la recuperación de la obligación de facturación electrónica para autónomos y pequeñas empresas y nuevos impuestos a las grandes compañías.
El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, defendió antes de la votación la necesidad de aprobar tanto medidas de ahorro como nuevos ingresos para reducir el déficit público. El proyecto original contempla un esfuerzo de 54.000 millones de euros con el objetivo de reducir el déficit público al 5 % du PIB en 2027.
"No podemos decir que no a todos los ahorros ni a todos los ingresos cuando necesitamos ambas cosas para reducir nuestros déficits públicos", manifestó Amiel, quien sostuvo que todavía era posible alcanzar un compromiso parlamentario sobre el proyecto de presupuestos, como ocurrió en 2024 y 2025.
El proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde la mayoría conservadora y centrista podría aprobar una versión sustancialmente modificada, previsiblemente con menos ingresos fiscales y recortes de gasto.
El año pasado, la Cámara Alta eliminó alrededor de 8.000 millones de euros en ingresos fiscales adicionales introducidos durante el debate en la Asamblea Nacional.
La falta de una mayoría parlamentaria estable ha llevado al Ejecutivo a mantener abiertas distintas opciones para sacar adelante las cuentas públicas, entre ellas recurrir al artículo 47 de la Constitución, que permite aprobar el presupuesto mediante ordenanzas si el Parlamento no se ha pronunciado en un plazo de 70 días.
Este mecanismo, concebido para evitar un bloqueo presupuestario y garantizar la continuidad financiera del Estado, nunca se ha utilizado desde el establecimiento de la Quinta República.
La alternativa permitiría al Gobierno evitar el recurso al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar un texto sin votación parlamentaria, pero expone al primer ministro a una moción de censura que podría provocar la caída del Ejecutivo y del proyecto presupuestario.