Participaron en el panel titulado "Estado y empresa: una agenda compartida de diálogo público-privado", dentro del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano de Madrid.
El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, insistió en la importancia de tal colaboración para desarrollar medidas en matera industrial, y explicó que debe considerarse una política de Estado.
Explicó que, en el Gobierno de Paraguay, tratan de "ser amigos del sector privado" y les "gusta" cuando el mismo gana dinero, ya que "ese es el mayor incentivo para la atracción de inversión y la generación de empleos", añadió.
El de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Christian Morales Burgos, apostó por la certidumbre, la previsibilidad y el establecimiento de "reglas claras", tanto en el ámbito impositivo como en el jurídico. El objetivo es que los inversores interesados en este país tengan la certeza de que los capitales "van a ser totalmente respetados".
Otro de los asuntos destacado por el ministro de Inversiones de la República de Honduras y secretario ejecutivo del Centro Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, fue la simplificación de la burocracia, ya que, en ocasiones, un empresario está dispuesto a invertir, pero se encuentra con que "falta una licencia municipal o una evaluación ambiental".
Opinó que se debe entender que "el Estado no tiene que dirigir cada decisión empresarial ni el empresario puede pedir que se eliminen controles", sino que "ambos deben de cumplir su papel con mucha seriedad".
Incidió en que los países latinoamericanos tienen "grandes oportunidades, recursos, talentos y gente joven" y que se debe dar participación a los proveedores locales para que la distribución de la riqueza "sea más equitativa, más democrática".
El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, explicó que en su país se está tramitando una ley para "simplificarle la vida" a quien llega al país con dinero para invertir. Subrayó que se ha declarado la guerra a la corrupción: "Si un funcionario pide alguna contraprestación a algún inversionista, será llevado a la cárcel".
"Desde el Estado tenemos la obligación de brindarle todas las garantías a los empresarios para que su dinero esté a salvo", remarcó Gómez.
En el sector empresarial, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC), Susana Jiménez, habló de "la importancia de una colaboración genuina, pública y privada, que aliente y promueva el crecimiento, la inversión y el empleo".
Añadió que los países deben poner el foco en la competitividad, un término que es "muy importante para la inversión" porque "abarca la certeza jurídica y la estabilidad de las reglas del juego".
Juan Carlos Navarro, representante del ámbito empresarial de Ecuador, indicó que el sector privado y el Gobierno no son enemigos naturales, sino que ambas partes deben entenderse para su objetivo "común", que es "sacar adelante al país".
"Nueve de cada diez empleos en Ecuador son generados por el sector privado, es importante entenderlo, que el empresario no es el opresor, no es el malo de la película, sino todo lo contrario", ilustró, al tiempo que lamentó que en el país solo el 37 % del empleo es formal y el 60 % permanece en la economía sumergida.
A su juicio, es el momento de actualizar las leyes laborales, que datan del siglo pasado y no están adaptadas a las condiciones actuales, y también la formación laboral para que se adapte a las nuevas necesidades de las empresas.