Por el contrario, los colectivos afirmaron que la reforma de la ley "mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio legítimo de la libertad de expresión", según un comunicado firmado por varias ONG dedicadas a la defensa de los derechos humamos, como Provea y Espacio Público.
Además, las ONG subrayaron que la reforma de la ley contiene "conceptos imprecisos", como el "hostigamiento", que se define en función del "temor, angustia o zozobra" que cause una conducta.
"Esta amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público", apuntaron las organizaciones.
Por tanto, los colectivos reiteraron que se derogue esta ley, que consideraron como un instrumento que, desde su origen, "impone graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso".
El pronunciamiento de las 24 organizaciones se da un día después de que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobara en primera discusión la reforma de la ley contra el odio, tal y como solicitó en septiembre la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La reforma -que debe superar una segunda discusión para ser aprobada por el Legislativo- busca "eliminar las penas de prisión sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario, establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma", dijo entonces el primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante.
La norma también pretende "fijar sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación eliminando expresamente la revocación de concesiones", así como "prevenir los mensajes de odio en redes sociales, sancionando con multas a quienes incumplan esto" y "exhortando además a todas las organizaciones políticas a promover la convivencia democrática y la paz con responsabilidad".
La 'Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia' fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de "incitación al odio" desde la aprobación de esta norma, según datos difundidos en septiembre pasado por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.