Por el asesinato del exfiscal, de 43 años, quien participó en la investigación del caso 'La Línea', una trama de defraudación aduanera que en 2015 provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), aún no se han reportado capturas.
Representantes del Frente Amplio por la Democracia y de la Asamblea de Organizaciones Sociales denunciaron que el asesinato evidencia la persistencia de prácticas contrainsurgentes y de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad dentro del Estado guatemalteco, a tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno.
"No dudamos que este crimen fue planificado y ejecutado por actores antidemocráticos que se integran por grupos empresariales, del narcotráfico, políticos de derecha y extrema derecha y poderes extranjeros interesados en profundizar el despojo y el dominio sobre nuestro país", declaró Sandra Morán, integrante del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente, en una rueda de prensa.
Morán añadió que el ataque contra el exfuncionario se enmarca en la coyuntura previa al proceso electoral de 2027, con el objetivo de infundir temor en las voces críticas y entorpecer los avances hacia una mayor transparencia institucional.
Por su parte, el representante del Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado, Misael Méndez, instó a las autoridades a no permitir la impunidad y emplazó directamente al Ejecutivo.
"Demandamos al presidente Bernardo Arévalo de León profundizar en el desmantelamiento de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Si esto no se logra, se corre el riesgo de que retomen el control del mismo Ejecutivo, del Ministerio Público y se consoliden en el control del Organismo Judicial", aseveró Méndez.
Solórzano Foppa encabezó la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público y participó junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Además de su paso por la Fiscalía y como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entre 2016 y 2018, Solórzano Foppa sufrió persecución judicial y encarcelamiento bajo la gestión de la entonces fiscal general María Consuelo Porras Argueta (2018-2026), en un proceso tildado de "criminalización" por organismos de derechos humanos.