Trump afrontó en 2024 un juicio en un tribunal del condado de Manhattan por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar el pago destinado a comprar el silencio de Stormy Daniels y evitar que se conociera que ambos habían mantenido una relación, según la Fiscalía.
Aunque el juez que presidió el histórico caso, Juan Merchan, le impuso en enero de 2025 una sentencia de "libertad incondicional", que no contempla penas de cárcel, multas ni libertad vigilada, Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito.
Por su parte, Trump ha negado las acusaciones y ha intentado sin éxito llevar el caso penal ante un tribunal federal.
Su nuevo equipo de abogados se presentó hoy ante la División de Apelaciones del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, donde tanto la defensa como la Fiscalía respondieron durante la audiencia a las preguntas de un panel de cinco jueces.
Ambas partes han indicado que el caso podría llegar al máximo tribunal del estado, el Tribunal de Apelaciones, y potencialmente a la Corte Suprema de Estados Unidos, señaló CBS News.
Esta audiencia se produce con un nuevo equipo legal para el mandatario, después de que Trump nombrara a Todd Blanche, quien había sido su abogado defensor, fiscal general del país, y a Emil Bove III juez federal.
El pasado 16 de octubre, el nuevo abogado, Robert Giuffra, presentó documentos para esta apelación en los que sostiene que el pago debería haber estado sujeto a las leyes electorales federales, que, según argumenta, prevalecen sobre los procesos judiciales estatales, de acuerdo con CBS.
También alegan que los fiscales violaron la inmunidad presidencial y no lograron demostrar que Trump tuviera "intención de defraudar".
"La cuestión aquí es si las declaraciones y la estrategia de la Casa Blanca presentadas en el juicio de este caso penal -en respuesta a las acusaciones públicas de mala conducta personal que afectan directamente a la integridad y la idoneidad del presidente para el cargo- fueron oficiales", señaló además el documento, de acuerdo con la cadena.
Por su parte, la Fiscalía insiste en que el plan de "pago por silencio" de 2016 fue "una conspiración para defraudar al público estadounidense y a los reguladores gubernamentales".