El pasado día 1, Abshir Ahmedsadak Abdi fue interceptado hacia las 04:43 hora local (01:43 GMT) en la calle Muchai, cerca del distrito financiero de Upper Hill, por individuos armados que lo persiguieron antes de llevárselo a la fuerza, detalló AI en un comunicado, citando a la prensa local e imágenes de cámaras de seguridad.
"El uso aparente por parte de los secuestradores de armas y equipamiento táctico de uso policial suscita serias preocupaciones sobre las circunstancias que rodean su desaparición y la posible implicación de personal de seguridad", alertó la ONG.
Amnistía reclamó la "liberación inmediata e incondicional" del letrado y pidió detener a los responsables, al tiempo que instó a la Policía keniana a aclarar si alguno de sus agentes o miembros de otros organismos de seguridad participó en el suceso.
La ONG expresó preocupación por informaciones según las cuales Abdi trabajaba en un caso ante el Tribunal de Makadara, en el este de la capital keniana, en el que había presentado denuncias contra miembros de la Policía y de los servicios de inteligencia.
"Si se sospecha que Abdi ha cometido algún delito, las autoridades deben respetar la ley y el debido proceso", subrayó AI, al recordar que "ninguna persona o agencia de seguridad tiene autoridad para secuestrar, detener o someter a nadie a una desaparición forzada al margen de la ley".
Este caso se suma a las 22 desapariciones forzadas registradas en Kenia en 2026 por la coalición de organizaciones Missing Voices (Voces Desaparecidas, en inglés), de la que forma parte AI.
Entre los casos recientes, la ONG citó la desaparición este octubre del opositor tanzano Twaha Mwaipaya, cuyo paradero sigue sin conocerse después de que varios individuos lo capturaran cerca de Nairobi.
También mencionó el secuestro en septiembre de Alex Kiprotich, editor asociado del grupo de comunicación keniano Standard Media, y el de seis activistas durante protestas el pasado 25 de junio, todos ellos localizados posteriormente.
"Los secuestros no pueden convertirse en una alternativa a una detención legal, y las agencias y organismos de seguridad no pueden operar al margen de la Constitución", concluyó Amnistía.
En 2025, AI documentó 125 muertes en Kenia a manos de la Policía, un 20 % más que en 2024, y seis casos de desapariciones forzadas, en un contexto marcado por el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y obstáculos para la rendición de cuentas.
La tensión por la violencia policial ha crecido en los últimos años en el país, que está mirando ya hacia las elecciones generales del 10 de agosto de 2027 y donde a menudo los periodos electorales han ido acompañados de violencia.