"Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido", dijo al iniciar su exposición la diputada opositora Rocío Vallejo, convertida en una de las fiscales, durante la sesión en la que la Cámara Alta se convirtió en tribunal.
Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, al fracasar la sesión conjunta del Parlamento para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.
Si fuera destituido por el Parlamento, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia.
Previamente, el senador oficialista Derlis Maidana explicó que el juicio constará de dos etapas: una, el reconocimiento, en la noche de este jueves a los diputados como fiscales acusadores, y la segunda mañana, cuando se tomará juramento de los senadores que constituirán el tribunal enjuiciador.
El jefe de Estado terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que desató los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.
La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".
Por ello, la Cámara de Diputados aprobó este jueves por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Peña, en una sesión extraordinaria en la que se conoció la sorpresiva dimisión del gobernante.
La acusación formulada por los diputados, que activó el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución, señala a Peña de "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones".
Vallejo relató que el país ha vivido "una jornada siniestra en el ámbito financiero con la caída de un banco que ha afectado a tres millones de paraguayos", cerca de la mitad de la población del país.
También advirtió que "muchas instituciones públicas han perdido y van a perder sus ahorros", al señalar que el BCP le ha dado "una sentencia de muerte inmediata" a Ueno sin una "previa intervención".
La acusación advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.
Peña es el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue desalojado del poder.