"El Ejército terrorista de Pakistán atacó nuestras dos sentadas con armas pesadas y drones, dejando a decenas de nuestros miembros heridos", afirmó en un mensaje de vídeo un dirigente del Comité de Acción Conjunta Popular (JAAC), que advirtió de que algunos se encuentran en estado crítico y carecen de atención médica adecuada.
Según el movimiento, las fuerzas de seguridad tomaron el control de la terminal de autobuses de Rawalakot, donde también se registraron heridos.
Un portavoz no identificado de la Policía de la región de Poonch, a la que pertenece la ciudad, aseguró que las fuerzas del orden intervinieron para retirar los bloqueos ilegales instalados en las vías públicas y restablecer la circulación.
"Miembros armados del grupo comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la Policía, ante lo cual esta respondió al ataque", afirmó el portavoz en un comunicado.
"En el intercambio de disparos, efectivos de las fuerzas del orden resultaron heridos, mientras que también se tiene información de que varios miembros armados del grupo resultaron heridos en el otro bando", agregó.
Las protestas del JAAC comenzaron el pasado 10 de junio y se han mantenido en forma de sentadas. Desde entonces, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes han sido frecuentes.
Según el sitio web del grupo, 94 de sus miembros han muerto, más de 100 han resultado heridos y más de 200 permanecen desaparecidos desde que comenzaron las protestas, cifras que no han podido verificarse de forma independiente.
Cachemira es un territorio en disputa que la India y Pakistán reclaman íntegramente desde su separación del Imperio británico. La zona bajo control paquistaní cuenta con un régimen semiautónomo, con Gobierno propio y una asamblea de 45 escaños, 12 de ellos reservados para refugiados procedentes de la Cachemira administrada por la India.
Los manifestantes exigen la eliminación de esos escaños reservados, al considerar que Islamabad los utiliza para influir en la política local y provocar la caída de gobiernos regionales. Las autoridades sostienen que su supresión requiere una reforma constitucional aprobada por una mayoría de dos tercios de la asamblea.