Acorralado por el escándalo, el mandatario presentó este jueves su renuncia para evitar el juicio político, que podría dejarle sin fueros si se determina su responsabilidad en la caída del banco.
Peña terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que desató los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.
La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".
Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado.
Pero la sesión conjunta convocada para determinar si se aceptaba su dimisión quedó sin cuórum por el abandono de varios legisladores oficialistas y el Congreso inició esta noche el juicio político contra el mandatario, quien anunció que se defenderá de las acusaciones.
Con este panorama, Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, aunque su continuidad sigue dependiendo de la votación en el Senado.
La acusación en el Senado contra Peña advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias (paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa), al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.
También esta jornada, la Fiscalía paraguaya anunció que incluirá al todavía presidente en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre Ueno bank, y que involucran también a otros exfuncionarios de su gestión.
En un comunicado, el Ministerio Público (Fiscalía) informó que un grupo de congresistas amplió una denuncia que había presentado en octubre de 2025 contra Peña para incorporar "hechos relativos" a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del Banco Central de Paraguay.
Al tiempo, cientos de ciudadanos se concentraron a las afuera del Congreso, en la capital Asunción, para exigir una salida a la crisis y la destitución de Peña.
"Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio", dijo a EFE la activista María Stela Invernizzi.
También hoy, el BCP comenzó a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno bank. En un comunicado, el emisor informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio de hoy, están destinados a un "primer grupo" de clientes que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.
"Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad", dijo el ente en la nota.
A raíz del procedimiento de intervención, los fondos de miles de clientes -en su mayoría personas del común y entes del sector público— han quedado congelados en el extinto banco, pero también el patrocinio para equipos de fútbol local, la selección paraguaya y hasta de eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.
Peña es el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue desalojado del poder.