El alto tribunal invalidó las prórrogas de mandato del presidente y del Parlamento, dictaminando que sus periodos en el cargo finalizaron el 15 de mayo y el 14 de abril de 2026, respectivamente.
La corte tomó esta decisión tras examinar una demanda presentada por el expresidente Sharif Sheikh Ahmed (2009-2012), quien cuestionaba la legalidad de las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento este año.
Este miércoles, Mohamud anunció la destitución del presidente del Tribunal Supremo, Bashe Yusuf Ahmed, una medida que la corte rechazó argumentando que tenía como fin interferir en el fallo judicial sobre la constitucionalidad de las prórrogas de mandato.
El Supremo dio a los líderes políticos del país un plazo de 30 días para acordar un marco electoral, a partir del cual Somalia dispone de 90 días para organizar elecciones.
La comisión electoral de Somalia llegó a anunciar el pasado 15 de octubre elecciones presidenciales para el 15 de mayo de 2027.
Mohamud había anunciado el pasado 15 de mayo una extensión de su mandato, amparándose en las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento este marzo.
Esas reformas pusieron fin formalmente a casi catorce años de gobierno bajo una Constitución temporal y ampliaron a cinco años el mandato presidencial, hasta entonces limitado a cuatro en la Constitución provisional de Somalia de 2012.
Mohamud, en el poder desde 2022, divulgó esa decisión después de que colapsaran negociaciones de alto nivel entre el Gobierno federal y los líderes de la oposición, con la mediación de representantes de Estados Unidos y el Reino Unido.
La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -un país dividido en diferentes administraciones regionales con una alta autonomía-, ya que es vista por sus críticos, incluyendo a los líderes de la oposición, como una usurpación ilegal del poder.
Estos desacuerdos llevaron al estallido en junio de tiroteos entre fuerzas gubernamentales y de la oposición en la capital, Mogadiscio, que causaron nueve muertos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aunque el Gobierno sólo confirmó uno.
Esta crisis política corre paralela a la lucha de Somalia contra el grupo yihadista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.
El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central e instaurar un Estado islámico ultraconservador.
El país vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al territorio sin un gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.