A dos días del tercer aniversario de los primeros registros, la Procuraduría General de la República, equivalente a la Fiscalía General, afirmó en un comunicado que las pesquisas "nunca estuvieron paralizadas" y continúan en los cuatro procedimientos que integran el caso, bajo secreto judicial y con carácter urgente.
La investigación examina presuntas irregularidades relacionadas con proyectos de explotación de litio en el norte de Portugal, de producción de hidrógeno y de construcción de un centro de datos en Sines, un enclave portuario e industrial al sur de Lisboa.
Su revelación pública, el 7 de noviembre de 2023, desencadenó una crisis política que llevó al socialista Costa a presentar su dimisión y desembocó en las elecciones anticipadas de marzo de 2024. Costa preside actualmente el Consejo Europeo, la institución que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea.
Según el comunicado, en el procedimiento original han concluido los trabajos periciales informáticos sobre unos 120 de los 150 dispositivos incautados y se está analizando su contenido, pero el resto permanece inaccesible.
La Fiscalía sostiene que existen razones fundadas para creer que esos soportes contienen comunicaciones imprescindibles para esclarecer los hechos.
En un número significativo de casos, atribuye la imposibilidad de acceder al material al ejercicio del derecho de defensa de los investigados y de otras personas o entidades afectadas por los registros, mediante la presentación de recursos.
Uno de los principales desacuerdos enfrenta al Ministerio Público con el juez de instrucción sobre quién debe seleccionar los correos electrónicos relevantes como prueba y en qué momento pueden examinarlos los fiscales.
Según explica la Procuraduría, el juez considera que esa selección le corresponde exclusivamente y que la Fiscalía no puede consultar previamente los mensajes.
La Fiscalía añadió que el juez ha aplazado su decisión sobre el acceso a otros soportes, entre ellos dos cuentas de correo electrónico de abogados, hasta que sea firme la resolución de abril.
Ante las discrepancias judiciales, el Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que unifique la jurisprudencia y ha propuesto al Gobierno y al Parlamento una aclaración legislativa para evitar retrasos de años. Según la Procuraduría, no tiene conocimiento de ninguna iniciativa legislativa al respecto.
Los registros de noviembre de 2023 llevaron a la detención de cinco personas, posteriormente puestas en libertad, entre ellas Vítor Escária, entonces jefe de gabinete de Costa, y el abogado Diogo Lacerda Machado, próximo al dirigente socialista.
Costa dimitió después de que la Fiscalía anunciara una investigación sobre su posible intervención en los hechos. El entonces primer ministro no fue constituido "arguido", la figura portuguesa de investigado formal, al anunciarse aquellas actuaciones.