Guardado, de 64 años, recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según la orden que firmó el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Estados Unidos suma 32 ejecuciones este año: 18 en Florida y catorce repartidas entre otros cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).
En 2025 Florida ejecutó a 19, un récord en su historia moderna, y con la de hoy serán 47 desde que DeSantis llegó al cargo en 2019.
Guardado confesó el crimen a los investigadores y se declaró culpable sin abogado y sin pedir nada a cambio.
Un juez lo condenó a muerte en octubre de 2005, como había recomendado por unanimidad un jurado, y el Tribunal Supremo de Florida confirmó la sentencia en 2007.
En 2024, una corte de apelaciones de EE.UU. rechazó el argumento de que sus abogados lo defendieron mal en la fase en que se decidió la pena, y el Tribunal Supremo del país se negó a revisar ese fallo en 2025.
Guardado conocía desde 2003 a la víctima, Jackie Malone, poco después de salir de prisión, donde cumplió condena por varios robos a mano armada, y ella le alquiló una vivienda y lo ayudó a encontrar trabajo.
La noche del 13 de septiembre de 2004, Guardado se presentó en casa de Malone drogado y la mató con una barra de metal y un cuchillo para robarle, según el relato del Supremo de Florida.
Florida tiene fijadas otras dos ejecuciones, las de Thomas Mitchell Overton, prevista para el 19 de noviembre, y Ricardo González, para el 1 de diciembre. Si ambas se cumplen, el estado alcanzará las 21 ejecuciones en 2026 y superará las 19 de 2025, hasta ahora su récord anual.
El pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee, la reclusa estadounidense Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales luego de ser condenada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer.
Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Este estado ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en el país en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.