En declaraciones a los periodistas tras intervenir hoy en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde cierra su gira por Europa, el mandatario reiteró que no tiene previsto cambiar su Ejecutivo en medio de una importante caída de su popularidad, según los sondeos.
"Lo descarté ayer, lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia a los ministros", subrayó Kast, antes de recordar que le compete a él nombrar y cesar a los ministros y no a las distintas fuerzas políticas.
Agregó que sí prevé reunirse con los líderes de los distintos partidos, con quienes mantiene un "contacto permanente", y dijo que mañana celebrará un comité político para avanzar en la agenda legislativa.
Kast acusó a la oposición de buscar réditos políticos en lugar de buscar soluciones al problema de los beneficios penitenciarios.
"Queremos avanzar en modificación de leyes en relación con beneficios penales. No hemos podido hacerlo. Queremos ver ahora cómo también convocar a todos y que no se transforme algo que es un tema de fondo para solucionar problemas de raíz en nuestro país, como es el tema penitenciario, en temas políticos", afirmó.
Asimismo, desafió a la oposición a presentar una acusación constitucional cuanto antes y no alargar un asunto que "cada día que se alarga revictimiza a las personas que fueron objeto de abusos".
Kast mostró su confianza en que el lunes se pueda iniciar el debate parlamentario y la tramitación del proyecto de ley que recoge las iniciativas parlamentarias en materia de seguridad.
La aprobación del presidente ha caído a mínimos menos de ocho meses después de su llegada al poder, según diversas encuestas publicadas en la última semana, especialmente por la polémica de las rebajas penales que implica directamente a Rabat.
El ministro firmó entre marzo y septiembre varios decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 violadores y pederastas, así como a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Rabat, a quien la oposición busca someter a un juicio político en el Parlamento, defiende que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, ya que la Corte Suprema concede la rebaja de penas a los presos de manera automática, independientemente del criterio de Justicia.