Según los términos del acuerdo, que se alcanzó días después de que las partes pactaran un marco legal, los 1.300 sobrevivientes podrán optar por recibir un pago único rápido de al menos 250.000 dólares o una indemnización mayor, tras un análisis del alcance de sus denuncias de abuso, de acuerdo con el New York Times.
Para financiar el acuerdo, la Arquidiócesis vendió varias propiedades de alto valor y recortó personal y presupuesto, tras conversaciones que se prolongaron durante meses.
La propuesta tenía que ser aceptada por todos los demandantes, a los que sus abogados habían advertido que lo más probable es que la Arquidiócesis se declarara en bancarrota si no aceptaban el acuerdo.
"Siempre ha sido nuestro deseo lograr una resolución justa y equitativa para las víctimas y sobrevivientes, y promover la sanación y la reconciliación entre quienes han sufrido daños. Creemos que este acuerdo global logra ese objetivo", indicó el arzobispo, Ronald A. Hicks, en una carta enviada a las iglesias que la integran en Manhattan, El Bronx, Staten Island y algunas comunidades del valle del Hudson, al norte del estado neoyorquino, a la que tuvo acceso el Times.
Este litigio surgió luego de que una legislación estatal, la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, que entró en vigor en 2019, abriera un plazo excepcional para presentar demandas por casos ya prescrito.
La norma permite que las presuntas víctimas de abusos puedan iniciar un proceso civil hasta la edad de 55 años y presentar cargos penales hasta los 28, frente a los 23 que permitía la ley anterior.
Jeff Anderson, cuyo bufete, Jeff Anderson & Associates, representa a casi 300 demandantes, dijo al Times que este acuerdo supone un verdadero "ajuste de cuentas y un reconocimiento, por primera vez, por parte de la Arquidiócesis de que permitieron que tantos delincuentes causaran tanto sufrimiento a los supervivientes durante años".
Por su parte, Jeff Herman, cuyo bufete representa a 260 demandantes, calificó el acuerdo como parte de un "día trascendental" que "se ha hecho esperar demasiado" para los 1.300 demandantes.
Como parte del acuerdo, la Arquidiócesis deberá publicar en su sitio web los nombres de los miembros del clero y los líderes laicos acusados de manera creíble de abuso sexual, y actualizar la lista con futuras denuncias de abuso comprobadas.
Mientras, la Universidad de Iona, una universidad católica privada de Nueva York, también mantendrá un archivo público de casos de abuso, sujeto a las condiciones previstas en el acuerdo.