Uno de los cesados es, según la publicación Ukrainska Pravda, el mayor general Serguí Duka, que hasta ahora ocupaba el puesto de primer jefe adjunto del Departamento para la Seguridad Nacional del principal servicio de inteligencia interna no militar ucraniano.
"Bajo la protección de los cuerpos de seguridad, miembros de la organización (criminal investigada) facilitaban el funcionamiento de centros de llamadas que tenían como víctimas a ciudadanos ucranianos y extranjeros, la venta de narcóticos y también la producción ilegal de cigarrillos de contrabando y de divisas falsificadas", señaló la NABU sobre el caso.
Según esta agencia independiente, los sospechosos organizaban "ataques, secuestros y lesiones corporales planificados en beneficio de la organización criminal" para proteger los intereses del grupo que les pagaba a cambio de estos y otros servicios.
Esta misma investigación llevó en septiembre a la dimisión y posterior huida del país del hasta entonces fiscal general del Estado, Ruslán Kravchenko, cuyas oficinas fueron registradas por la Oficina Anticorrupción por sospechas de que desde la Fiscalía hubiera favorecido al grupo criminal.
La Oficina Anticorrupción mantiene un pulso abierto con el SBU, la agencia de inteligencia interna de Ucrania, y con la Fiscalía, dos instituciones subordinadas al presidente Volodímir Zelenski.
Zelenski impulsó en julio de 2025 un cambio legal para restar poder a la NABU y supeditarla a la Oficina del Fiscal General, pero este intento acabó siendo revocado debido a la oposición de la Unión Europea (UE).
La NABU ha llevado a los tribunales a exministros y otras figuras cercanas a Zelenski por supuestos delitos de corrupción.