El funcionario indicó que tanto Bucaram Pulley como otras dos personas detenidas en Ecuador y dos ecuatorianos más capturados en Panamá, en el marco de investigaciones relacionadas con presunto narcotráfico, serán extraditados “en los próximos días” a Estados Unidos.
"La Justicia norteamericana ha emitido estas boletas rojas de Interpol para que se logre su detención y sean trasladados hacia los Estados Unidos donde van a tener su proceso judicial", precisó.
Consultado sobre la participación de Bucaram Pulley y los restantes detenidos en el caso, el ministro subrayó que "eso es una investigación de los Estados Unidos. Nosotros, como país, lo que hemos hecho es cumplir con las notificaciones rojas, hacer las detenciones que corresponden acá en el Ecuador y hacer el proceso para que puedan ser extraditados conforme manda la ley".
Además de Bucaram Pulley, en la operación fueron detenidos en Panamá el exalcalde de la ciudad ecuatoriana de Manta Jaime Estrada Bonilla (2009-2014) y su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta del correísmo.
Estrada Bonilla es nuevamente candidato a la alcaldía de Manta para las elecciones del próximo 29 de noviembre; mientras que a su hijo -que intentó presentarse a la Prefectura de la provincia de Manabí, a la que pertenece Manta- le rechazaron la inscripción.
En el operativo se arrestó, además, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil a Geovanny Antonio Fernández Menéndez y a William José Briones López. Los cinco detenidos son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, según Reimberg.
La operación fue coordinada entre Ecuador y Panamá, con la participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) e Interpol.
La detención del hijo de Bucaram se produce casi dos meses después de que un tribunal ecuatoriano lo condenara junto a su padre a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, en un caso relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar el covid-19 en la pandemia.
Los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que los acusó de colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una presunta estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos.
Tras conocerse la sentencia, el expresidente tildó de "ridículo" al fallo porque aseguró que todo se trató de un "acuerdo entre privados", del que no tenían obligación de mostrar facturas, y aseguró que recurriría la decisión judicial de primera instancia.