Según el informe del mes pasado, LCW documentó el asesinato de un niño "con proyectil" y lesiones graves a otro, durante enfrentamientos armados en Ajailat (oeste), a unos 80 kilómetros de la capital, Trípoli.
Además, tres manifestantes recibieron "disparos directos" en Misrata (noroeste) y se produjo la detención arbitraria de cuatro civiles, incluido un activista comunitario, el director de una academia deportiva y dos académicos en Trípoli (oeste).
La ONG denunció también pérdidas de vidas de migrantes, cuatro de las cuales fueron documentadas por miembros de LCW, "en medio de la incapacidad de las autoridades para proteger a los civiles y garantizar investigaciones y rendición de cuentas efectivas, en un clima de persistente impunidad".
La organización explicó que estas muertes ocurrieron por la "continua ausencia de medidas gubernamentales efectivas para proteger la vida de los migrantes, junto con las restricciones impuestas por las autoridades en el este y oeste de Libia sobre el trabajo de las organizaciones internacionales de rescate".
El informé destacó que el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que administra el oeste de Libia, y las autoridades locales a lo largo de las rutas migratorias son "directa e indirectamente responsables" de las violaciones de derechos humanos a migrantes, "ya sea por participación directa o por falta de prevención e investigación".
Ante las continuas vulneraciones de los derechos, LCW instó a las autoridades del oeste a adoptar medidas para proteger a los civiles de los efectos de los enfrentamientos armados recurrentes, proteger a manifestantes de ataques y persecución, poner fin a las detenciones arbitrarias y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Asimismo, reiteró a la Fiscalía General el llamamiento a abrir investigaciones independientes y efectivas sobre las violaciones documentadas y a exigir la rendición de cuentas a los responsables.