La declaración la firman la ong Greenpeace, ECODES, el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española; Enlázate por la Justicia y el Movimiento Laudato Sí, a los que se han unido otras 36 organizaciones.
Según un comunicado de Greenpeace publicado este jueves, el documento se presentará en la COP31 que se reunirá desde el próximo lunes 9 de noviembre hasta el día 20 en Antalya (Turquía).
Las organizaciones firmantes sostienen que ,a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, "la respuesta internacional es insuficiente para afrontar la magnitud de los desafíos actuales".
Instan a los gobiernos y a la comunidad internacional a "reforzar el compromiso con la justicia climática y el cuidado de la casa común".
Explican que la iniciativa nace de la "preocupación compartida" por el agravamiento de la crisis climática y socioambiental global, con un aumento de las desigualdades sociales, que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.
El documento recoge tres puntos como "exigencias irrenunciables", entre ellas piden una rendición de cuentas estricta, con planes de contribuciones determinadas nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) auditables, planificación para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles e inventarios transparentes de subsidios a los combustibles contaminantes.
Además, piden justicia financiera sin deuda, es decir, financiación pública mediante subvenciones (donaciones), reparación de pérdidas y daños e instrumentos de condonación de deuda para los países en desarrollo.
Demandan asimismo la reducción urgente y ambiciosa de las emisiones de gases de efecto invernadero, el avance hacia una transición energética justa y ecológicamente responsable, respetuosa con la dignidad humana, los derechos de las comunidades locales y la protección de los ecosistemas, evitando el neocolonialismo.
La puesta en marcha de planes de ahorro, eficiencia y reducción del consumo energético; una mayor protección de las comunidades más vulnerables frente a los impactos del cambio climático; el reconocimiento y la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gobernanza climática son otras de las reivindicaciones.
Aseguran que existen evidencias de fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida acelerada de biodiversidad, la inseguridad alimentaria asociada a la sequía, lluvias torrenciales o la subida del nivel del mar que en los Estados insulares del Pacífico provoca ya desplazamientos forzados.