El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun respondió así en rueda de prensa a una pregunta sobre la sentencia y las reiteradas expresiones de preocupación de políticos de Estados Unidos y otros países occidentales por los casos judiciales contra Wong.
Guo afirmó que el activista cometió un delito grave contra la seguridad nacional y que, ante la abundancia de pruebas, optó por declararse culpable.
"Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de derecho", aseguró el vocero, quien reiteró el respaldo del Gobierno central a las autoridades hongkonesas en la defensa de la seguridad nacional.
Asimismo, instó a las partes implicadas a dejar de realizar "declaraciones irresponsables" sobre los procedimientos judiciales de Hong Kong y a cesar cualquier injerencia en su sistema judicial y en los asuntos internos de China.
Wong, de 30 años, fue condenado este jueves por una causa relacionada con sus llamamientos a países extranjeros para que impusieran sanciones contra Hong Kong y China en 2020, tras las protestas antigubernamentales de 2019.
Con la nueva condena, Joshua Wong permanecerá en principio tras las rejas hasta finales de 2036, ya que el activista habría completado en enero próximo una condena previa de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido como caso de los '47 de Hong Kong', relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.
Dicha condena se solapará con esta nueva sentencia, de acuerdo al diario hongkonés South China Morning Post.
Wong permanece encarcelado desde noviembre de 2020 y fue detenido de nuevo en junio de 2025, cuando ya se encontraba recluido en la prisión de Stanley, por este segundo procedimiento.
Figura destacada del movimiento prodemocrático desde que, con 17 años, participó en las movilizaciones de 2014 conocidas como 'Revolución de los Paraguas', Wong fundó en 2016 junto a Nathan Law y otros activistas el partido Demosisto.
La formación anunció su disolución el mismo día en que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional, en vigor desde 2020, que tipifica delitos como subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.
Las autoridades defienden que la legislación devolvió la estabilidad a Hong Kong tras las protestas de 2019, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han criticado su impacto sobre las libertades políticas y civiles.