En los últimos días, Peña ha publicado mensajes y videos en sus redes sociales, en los que se ha referido a la crisis bancaria y a las actuaciones de su Gobierno, pero no ha ofrecido declaraciones presenciales a la prensa.
Este jueves, la Cámara de Diputados instaló una sesión extraordinaria para debatir una acusación promovida por 35 legisladores de oposición y disidentes del oficialismo en contra del gobernante, para activar el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución.
Mientras, se ha conocido que el jefe de Estado permanece en la residencia presidencial, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder en idioma guaraní), donde permanecen en guardia numerosos periodistas a la espera de una conferencia de prensa o alguna comparecencia oficial.
En concreto, la acusación señala a Peña de "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones" y plantea "retirar la investidura" del gobernante, quien asumió el poder en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.
Peña quedó envuelto en la crisis que estalló ante la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas, entre ellas del Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.
El Banco Central del Paraguay (IPS) detectó que el índice de solvencia de Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".
A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los ahorros de miles de usuarios quedaron congelados en el extinto banco, que además patrocina a equipos de fútbol local, a la selección de Paraguay y hasta eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.
La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase luego al Senado, que actúa como juez.
En esa Cámara se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.