Según informó la Presidencia en un comunicado, Argentina "enfrentará al Reino Unido en la audiencia que se llevará a cabo entre el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo".
El Gobierno de Javier Milei anunció el pasado 28 de septiembre que iniciaría un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo.
El pasado 13 de octubre, Argentina solicitó al Tribunal del Mar que disponga medidas provisionales para detener el avance de Sea Lion, un proyecto 'offshore' (costas afuera) operado por la petrolera israelí Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
Argentina considera "ilegales" los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833 tras expulsar a las autoridades argentinas en las islas.
El Reino Unido y Argentina, que se enfrentaron en una guerra por las Malvinas en 1982, son Estados partes en la Convemar.
Argentina alegó que la "inminencia· de la explotación petrolera en Malvinas no puede esperar a los tiempos habituales de conformación del tribunal de arbitraje, por lo que elevó un reclamo urgente ante el Tribunal del Mar para impedir que avancen las operaciones mientras se constituye el tribunal arbitral que resolverá la controversia de fondo.
La comitiva argentina que acudirá a la audiencia en Hamburgo estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.
La defensa argentina cuenta con un equipo integrado por tres especialistas: Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal del Mar; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association; y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).
En las audiencias orales de los días 10 y 11 de noviembre, Argentina y el Reino Unido presentarán sus argumentos, y luego Argentina espera que el tribunal dicte una orden en un plazo de entre dos y cuatro semanas.
Fuentes oficiales indicaron este viernes que la "principal razón" de Argentina para solicitar medidas cautelares es que "la explotación inminente de recursos del suelo y subsuelo de la zona marítima en disputa por parte del Reino Unido producirá un hecho consumado irreversible y un daño irreparable a los derechos argentinos en juego".
"En particular, se busca proteger los derechos soberanos de Argentina sobre la plataforma continental, frente a la obligación del Reino Unido de no explorar ni explotar unilateralmente los recursos naturales de las zonas marítimas en disputa de un territorio colonial sujeto a una controversia de soberanía entre ambos Estados, impidiendo al mismo tiempo la solución pacífica de la controversia", explicaron.