Así se desprende del segundo informe anual sobre asilo y migración que presentó este viernes el Ejecutivo Europeo, que también identificó a Italia, Grecia y Chipre como Estados miembros que sufren un "desproporcionado número de llegadas irregulares" tanto por tierra como por mar, los mismos que el año pasado.
"España representó alrededor del 20 % de todos los cruces ilegales de fronteras a nivel de la UE, y fue, de hecho, el tercer Estado miembro en cuanto a llegadas a través de operaciones de búsqueda y rescate", dijo el comisario de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, en la presentación del informe.
Este porcentaje, agregaron fuentes comunitarias, no incluye la entrada de decenas de miles de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio.
Sin embargo, la Comisión sí tuvo en cuenta estos eventos para la denominación de España como país bajo presión migratoria -pese a que este informe analiza el período comprendido entre los meses de julio de 2025 y junio de 2026- debido a que se trata de un "evento relevante", algo que está contemplado en la normativa al respecto, según explicó un funcionario comunitario.
"Tras analizar la información y las notificaciones que hemos recibido en relación con las entradas en la ciudad autónoma y, por supuesto, también las llegadas a España a lo largo del año, hemos llegado a la conclusión de que España también se encuentra sometida a presión migratoria", dijo la misma fuente.
Además de estos cuatro países, la CE identificó a otros 15 -Bélgica, República Checa, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia- que "corren el riesgo de sufrir presión migratoria".
Esto se debe bien a un número relativamente elevado de llegadas ilegales, movimientos secundarios no autorizados, solicitudes de asilo o protección temporal concedida a personas que huyen de la guerra de agresión rusa contra Ucrania.
En el citado documento, la Comisión informó también sobre su propuesta para el fondo de solidaridad anual, que será remitida al Consejo de la UE (los países) para su adopción y cuyas cifras no se difunden, de acuerdo con las normas del Pacto de Migración y Asilo.
Ahora, el Consejo deberá convocar en un plazo de 15 días el primer Foro de Solidaridad de Alto Nivel de la UE, donde representantes de cada Estado miembro muestran sus propuestas para la contribución con los países más castigados por el reto migratorio.
La contribución puede ser en forma de aportaciones financieras, reubicaciones de migrantes, la compensación de responsabilidades de solicitantes o beneficiarios de asilo, medidas solidarias "alternativas" -como apoyo en medios y personal-, o una combinación de estas.
En el pasado ciclo, los países de la UE acordaron apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con unas 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones.
Países como Hungría o Eslovaquia se opusieron en el pasado período a colaborar en el sistema de solidaridad, lo que provocó que la Comisión les avisara de posibles medidas si se negaban a ello.