La norma, adoptada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), consta de 47 artículos distribuidos en seis capítulos y aborda la tramitación de casos, la cooperación internacional, las responsabilidades institucionales y las obligaciones de las empresas, informó hoy la agencia oficial Xinhua.
Entre sus disposiciones figuran nuevas exigencias para las compañías chinas que operan en el extranjero, que deberán establecer departamentos o designar personal encargado de prevenir la corrupción en función de su tamaño, sus actividades y los riesgos a los que estén expuestas.
La legislación también establece obligaciones de confidencialidad para los investigadores, que deberán proteger los secretos de Estado, la información comercial y los datos personales obtenidos durante las pesquisas.
El texto, cuyo primer borrador se examinó en agosto de 2025, entrará en vigor desde su promulgación, aunque la información difundida este viernes no precisa cómo se aplicarán los mecanismos de cooperación con otros países.
La aprobación se produce después de años de operaciones chinas para localizar a sospechosos de corrupción huidos al extranjero y recuperar fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita.
Según datos publicados en marzo de 2025 por el principal organismo anticorrupción chino, la operación internacional 'Sky Net', iniciada en 2015, permitió el retorno a China de 14.048 personas desde más de 120 países y territorios hasta finales de 2024, así como la recuperación de 66.620 millones de yuanes en activos (unos 9.920 millones de dólares).
Sin embargo, estas operaciones también han suscitado críticas de gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos, que han denunciado presuntos casos de vigilancia, acoso y coacciones contra personas reclamadas por Pekín, así como actuaciones al margen de los procedimientos formales de extradición.
La nueva ley llega además una semana después de que el Comité Central del PCCh aprobara una resolución para reforzar la disciplina interna, con medidas destinadas a vigilar los negocios de los familiares de los dirigentes y examinar posibles discrepancias entre su patrimonio y sus ingresos.
Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping, ha impulsado una campaña anticorrupción que ha alcanzado a altos cargos políticos, responsables de empresas estatales y mandos militares, y que algunos observadores consideran también un instrumento para apartar a rivales políticos.
Los organismos disciplinarios chinos sancionaron a 680.000 personas entre enero y septiembre de este año, entre ellas 105 funcionarios de rango provincial o ministerial o superior, según los últimos datos oficiales.