"Se trataba de un impostor. Hemos realizado una investigación interna y resultó ser un impostor. Hemos presentado una denuncia ante la Policía de Delhi", declaró el abogado de la plataforma, según el medio local especializado Bar and Bench.
Las organizaciones Internet Freedom Foundation (IFF) y Software Freedom Law Centre (SFLC) recurrieron el miércoles a la Justicia tras recibir notificaciones de X que les advertían de solicitudes para eliminar sus cuentas y varias publicaciones.
Las peticiones, presentadas en nombre de la Policía, alegaban un presunto delito de difamación contra el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), una organización nacionalista hindú estrechamente vinculada al partido del primer ministro indio, Narendra Modi.
Una de las solicitudes reclamaba retirar 40 enlaces, incluidas publicaciones de otros usuarios y las cuentas completas de tres organizaciones dedicadas a documentar restricciones de contenidos en internet.
Según IFF, la dirección de correo policial que figuraba en las notificaciones no estaba operativa y las solicitudes carecían de las garantías legales necesarias para ordenar los bloqueos.
El Tribunal Superior de Delhi dio por cerrados los recursos tras la declaración de X, que aseguró que no ejecutaría las solicitudes, aunque reconoció a las organizaciones el derecho a acudir nuevamente a la Justicia ante futuros intentos de bloqueo.
Amnistía Internacional denunció el miércoles que la maniobra buscaba atacar a colectivos dedicados precisamente a combatir la censura digital, en un país donde las órdenes para retirar contenidos de internet se han multiplicado.
En octubre, Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió de que las autoridades indias habían tramitado cerca de 200.000 órdenes de retirada de contenidos entre marzo y julio de 2026, frente a unas 2.300 entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
Vikram Raj, responsable de IFF, advirtió a EFE de que la falta de transparencia en estos procedimientos impide a los afectados conocer las órdenes de bloqueo y recurrirlas, ya que las plataformas pueden recibir solicitudes de retirada de contenidos sin que sus destinatarios sean informados ni tengan oportunidad de defenderse.