Un panel de tres jueces del Tribunal Superior de Dar es Salam, capital económica del país, dictaminó que la Fiscalía no había podido demostrar elementos clave del cargo de traición.
"El tribunal considera probado que (...) el acusado cometió un delito menor de provocación", afirmó el presidente del panel de jueces, Dunstan Ndunguru, citado por medios locales.
Ese delito conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, una multa, o ambas sanciones, si bien el tribunal aún no ha dictado sentencia contra Lissu, de 58 años y presidente de la principal formación de la oposición tanzana, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili).
Lissu fue exonerado del cargo de traición después de que un grupo de 24 parlamentarios de seis países y de la Unión Europea (UE) expresaran esta semana su preocupación por "el deterioro continuado de las libertades políticas en Tanzania" en una carta fechada el pasado día 2 y dirigida a la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan.
"El recurso a la pena capital contra opositores políticos corre el riesgo de convertir el sistema judicial en un instrumento de represión política", alertó la misiva, auspiciada y publicada por la diputada conservadora británica Alicia Kearns.
Lissu, nominado este año al premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo, fue detenido en abril de 2025 mientras terminaba un discurso en un mitin.
La acusación le atribuía llamamientos a impedir las elecciones generales del 29 de octubre de 2025, pero el opositor ha asegurado que sus discursos no constituyen delito alguno bajo la ley tanzana.
Chadema pretendía presentarse a esos comicios, pero la formación finalmente quedó descalificada del proceso electoral.
Lissu, que regresó al país del exilio en 2023 después de sobrevivir a lo que Chadema consideró un intento de asesinato por motivos políticos, ya había sido arrestado en múltiples ocasiones en el pasado, pero ahora afronta por primera vez una acusación por traición.
Las citadas elecciones se saldaron con una abrumadora victoria de la presidenta Hassan, quien reprimió con dureza las protestas postelectorales, en las que hubo 518 muertos, según una comisión de investigación designada por la propia mandataria.
Expertos de la ONU, sin embargo, afirmaron que al menos 700 personas murieron durante las protestas, y Chadema cifró en hasta 1.000 los muertos.
Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan.