"Stellantis no está respetando sus compromisos con los trabajadores de esta planta y también con el Gobierno canadiense y los canadienses", declaró Carney durante una rueda de prensa en Montreal.
El primer ministro añadió que la operación constituye "una traición a los trabajadores, así como a las obligaciones con Canadá y, por extensión, con todos los canadienses".
"Haremos valer plenamente nuestros derechos para proteger a esos trabajadores y los fondos públicos canadienses", advirtió.
Las declaraciones se producen un día después de que Stellantis anunciara un acuerdo para vender de su fábrica de Brampton, cercana a Toronto, a Roshel, una compañía canadiense especializada en vehículos blindados militares y de seguridad.
La planta, que permanece inactiva desde 2023, tiene unos 2.200 trabajadores afectados por la paralización de sus operaciones.
En 2022, Ottawa comprometió hasta 529 millones de dólares canadienses (375 millones de dólares estadounidenses) para modernizar las instalaciones de Stellantis en Brampton y Windsor.
Carney aseguró que la compañía ha vulnerado varios acuerdos con Canadá, incluido el relativo a las ayudas públicas.
Stellantis anunció este martes que ha ofrecido devolver voluntariamente los fondos recibidos para modernizar Brampton, aunque no precisó la cantidad.
Por su parte, la ministra canadiense de Industria, Mélanie Joly, anunció una reunión prevista para el jueves en Toronto con representantes de Stellantis, el sindicato Unifor y el Gobierno de Ontario.
La controversia se produce después de que Roshel rechazara asumir las obligaciones laborales de Stellantis con los empleados de Brampton, aunque aseguró que dará prioridad a los residentes de la localidad en futuras contrataciones.