"Una empresa competitiva no puede funcionar asumiendo las obligaciones de otras compañías y ni siquiera vamos a considerar asumir responsabilidades derivadas de compromisos anteriores", declaró el consejero delegado de Roshel, Roman Shimonov, a la cadena de televisión CP24.
El directivo aseguró que dará prioridad a trabajadores de Brampton, localidad cercana a Toronto donde está situada la fábrica, en futuras contrataciones, pero evitó comprometerse a contratar a los empleados de Stellantis y afirmó que Roshel "no puede ser parte" de las negociaciones para resolver su situación.
Sus declaraciones llegan un día después de que Stellantis anunciara un acuerdo para la venta, por un importe no revelado, de la planta a Roshel, fabricante de vehículos blindados militares y de seguridad, que prevé transformar las instalaciones en un centro de producción avanzada y crear miles de empleos.
La fábrica producía los Chrysler 300, Dodge Charger y Dodge Challenger hasta diciembre de 2023, cuando suspendió sus operaciones para modernizarse y fabricar una nueva generación del todocamino SUV Jeep Compass.
Sin embargo, Stellantis paralizó las obras en 2025 y, tras la imposición de aranceles estadounidenses a los automóviles importados, anunció el traslado de la producción del Compass a Illinois (EE.UU.), lo que dejó a la planta canadiense sin modelos para fabricar.
La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, advirtió el lunes de que "la decisión de Stellantis no elimina los compromisos que asumió con los trabajadores de Brampton" y convocó para esta semana una reunión con la empresa, el sindicato Unifor y representantes del Gobierno de la provincia de Ontario y de la fábrica.
En 2022, Ottawa comprometió hasta 529 millones de dólares canadienses (375 millones de dólares estadounidenses) en ayudas para modernizar las plantas de Stellantis en Brampton y Windsor.
Tras la decisión de Stellantis de vender la planta, el Gobierno canadiense ha reiterado que intentará recuperar las ayudas vinculadas a compromisos incumplidos mientras que Unifor acusa a la automovilística de "traicionar" a sus empleados.
El pulso se añade al enfrentamiento que Ottawa mantiene con la estadounidense Cleveland-Cliffs que anunció el despido de hasta 500 trabajadores en la siderúrgica Stelco, adquirida en 2024 con obligaciones de mantenimiento de plantilla.
Cleveland-Cliffs atribuye los despidos en parte a los aranceles del 50 % impuestos por Estados Unidos al acero canadiense, aunque su consejero delegado, Lourenco Goncalves, ha defendido públicamente esos gravámenes.
Joly amenazó en octubre con acciones judiciales y el viernes pasado pidió a la Oficina de Competencia que examinara si la actuación de Cleveland-Cliffs en la adquisición de Stelco pudo vulnerar las normas de competención.