"Los periodistas y otros actores que ejercen una labor de vigilancia pública en toda Europa siguen siendo vulnerables al acoso judicial utilizado para silenciar informaciones críticas", destacó la FIP, con sede en Bruselas, en un comunicado tras la celebración de un seminario en línea.
Durante el coloquio se examinó el grado de implementación de la legislación anti-SLAPP, una normativa comunitaria destinada a proteger a quienes participan en el debate público frente a demandas abusivas o manifiestamente infundadas para intimidar o silenciar la participación pública.
Los ponentes, procedentes tanto de Estados miembros de la Unión Europea (UE) como de países extracomunitarios -España, Malta, Países Bajos, Bulgaria, Rumanía, Reino Unido y Serbia- explicaron que el pasado mayo finalizó el límite para trasponer la legislación anti-SLAPP en el ámbito de la UE.
También recordaron que se recientemente se cumplieron nueve años del asesinato de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, al estallar un explosivo en su coche tras publicar varias informaciones sobre casos de corrupción que señalaban al Gobierno de Malta.
Su hermana, Corinne Vella, que participó en el foro también como responsable de relaciones con los medios en la Fundación Daphne Caruana Galizia, calificó a la normativa europea -también conocida como 'Ley Daphne'- como "algo positivo surgido de una experiencia tan desagradable".
"El 'código de silencio' que las rodeaba se ha roto por completo, y todo apunta a una creciente concienciación sobre lo que realmente son: litigios que no buscan la justicia, sino silenciar a las personas. Es un avance positivo, aunque ha costado muchos años llegar hasta aquí", dijo Vella.
Aún así, lamentó que todavía no se observa "una aplicación uniforme" de la normativa en la UE, "mucho menos en el resto de Europa".
Según explicó, 15 países han implementado la legislación con distintos grados de éxito -entre ellos Malta-, uno la ha introducido parcialmente, mientras que otros diez han retrasado su aplicación.
También detalló que el número de casos identificados ha aumentado con el paso del tiempo, algo que, dijo, "aunque pueda parecer negativo, también puede interpretarse como una señal de una mayor concienciación sobre la existencia de estas demandas y sobre cómo identificarlas".
Alessia Schiavon, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y coordinadora del grupo de trabajo español contra las SLAPP, aseguró que "España es consciente de que existen problemas en materia de libertad de expresión".
"En los últimos años, se han producido varios casos en los que se ha imputado a diversas personas, especialmente artistas, por este tipo de delitos", dijo Schiavon, citando el caso del cantante Julio Iglesias, quien se querelló contra varios periodistas de 'elDiario.es' tras desvelar el digital los testimonios de dos extrabajadoras de sus mansiones que lo acusaban de agresión sexual.
Recientemente la Justicia española citó a declarar como investigados el próximo mes de diciembre al director del periódico, Ignacio Escolar, y otros cuatro periodistas por delitos de injurias con publicidad, calumnias y contra la integridad moral.
Ante casos como este, la directora de FIBGAR lamentó que resulte "tan complejo abordar el fenómeno de las SLAPP en España", porque "el debate sobre la libertad de expresión suele centrarse en otro tipo de ataques", precisó.
"En España, los casos que hemos documentado suelen estar vinculados a la corrupción o a la defensa del medio ambiente", añadió.
En el ámbito legislativo, precisamente este martes el Consejo de Ministros aprobó el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, entre las que se incluyen medidas anti-SLAPP.
La Comisión Europea remitió el pasado mes de julio un procedimiento de infracción a España para que transpusiese la norma comunitaria que fija unos estándares mínimos de protección frente a este tipo de litigios contra la participación pública.