Según el Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre, el terremoto del pasado 10 de agosto dejó 363.791 familias y 776.119 personas afectadas, de acuerdo con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citados por la Defensoría, que también recoge un balance de 334 fallecidos, 4.516 heridos y 102 desaparecidos, con corte al 27 de octubre.
En cuanto a la infraestructura, 104.049 viviendas quedaron inhabitables, 19.149 fueron destruidas y otras 119.748 presentan daños. Además, resultaron afectados 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios.
Entre las principales dificultades identificadas por la entidad está la incorporación de damnificados al registro, la corrección de inconsistencias y el reporte de daños posteriores a su cierre, un requisito indispensable para acceder a las ayudas.
Al respecto, la institución señaló que "no existe una ruta general para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños posteriores a la fecha de cierre".
La situación tiene consecuencias concretas en el turístico departamento de Risaralda, donde fueron reportadas más de 70.000 inconsistencias en la clasificación de viviendas, mientras que en Pereira, su capital, 3.098 familias todavía no habían cobrado el subsidio correspondiente, según datos con corte al 7 de octubre.
A estas dificultades se suma que el subsidio de arrendamiento, establecido en 1.050.000 pesos (unos 321 dólares) mensuales durante tres meses, resulta insuficiente frente a reconstrucciones que pueden tardar entre 12 y 18 meses.
El costo estimado del Plan de Acción Específico para la recuperación asciende a 58,29 billones de pesos (unos 17.776 millones de dólares), pero solo 8,21 billones (unos 2.501 millones de dólares) corresponden a recursos inicialmente identificados, por lo que persiste una brecha de 50,08 billones (unos 15.264 millones de dólares).
La Defensoría advirtió que los recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, sin que esté clara su disponibilidad, apropiación o ejecución presupuestal.
En ese sentido, recordó que la inclusión de recursos en el plan "no equivale a una asignación presupuestal".
Ante este panorama, la Defensoría pidió asegurar la financiación del plan, actualizar el registro de damnificados y garantizar alternativas de vivienda digna antes de cerrar los albergues.
También instó a recuperar hospitales y centros educativos y a apoyar a campesinos, trabajadores informales y pequeños negocios para restablecer sus medios de vida.