La exconductora cuenta con tres órdenes de captura: una, por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos más por defraudación fiscal.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario federal ratificó que la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en los trámites para que la acusada responda ante los tribunales mexicanos tras permanecer prófuga de la justicia desde 2021.
“El caso lo tiene FGR, sabemos que está detenida allá y que FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, declaró García Harfuch sobre la situación de Gómez Mont, aprehendida por autoridades migratorias estadounidenses el pasado 30 de octubre.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, señaló recientemente en un mensaje público que solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025, cuando precisó que la exconductora de televisión huyó de México.
Además, detalló que, en las últimas semanas, colaboró con las autoridades estadounidenses mediante el intercambio de información y la entrega de los mandamientos judiciales que pesan en su contra.
“Su detención obedece en este momento a su situación migratoria”, precisó la FGR, que aclaró que la resolución sobre si es deportada a México corresponde a Estados Unidos.
“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Gómez Mont habría recibido recursos en sus cuentas bancarias derivados de una presunta red de empresas fantasma utilizada para triangular y desviar 2.450 millones de pesos (unos 130,3 millones de dólares) del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, además de evadir más de 13 millones de pesos (unos 691.500 dólares) en impuestos.
La exconductora permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center (Florida), donde su defensa legal promovió un recurso de "habeas corpus" para solicitar su excarcelación, mientras las autoridades estadounidenses determinan si procede su deportación o extradición bajo el principio de presunción de inocencia.