La operación, en la que participaron más de 320 cuentas nacionales e internacionales, alcanzó este lunes una demanda superior a los 21.000 millones de dólares, la mayor desde las emisiones realizadas durante la pandemia y la segunda más alta de su historia, detalló el comunicado oficial.
La elevada demanda permitió reducir el diferencial (spread) frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos desde los 160 puntos básicos (pbs) de la guía inicial hasta los 42 pbs. Este ajuste derivó en una prima de emisión negativa en el tramo a 12 años y sin prima para los títulos a 30 años.
“Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria (...), más de siete veces el monto inicialmente previsto y casi cinco veces el monto finalmente colocado”, subrayó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, en el comunicado.
Una acogida que demuestra que Perú "sigue siendo un país que genera confianza en los mercados financieros internacionales", remarcó el ministro.
La transacción se ejecutó través de los bancos Citibank, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Banco Santander, contratados por el Estado peruano como asesores financieros de la operación.
Esta emisión de bonos se realizó bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026, para atender la emergencia del fenómeno climático de El Niño e incrementar el gasto en seguridad.
Además de la colocación, Perú lanzó una oferta de intercambio para bonos globales en dólares con vencimientos en 2027, 2030 y 2031, por nuevos títulos con vencimiento en 2038 con el objetivo de "contribuir a mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las referencias de largo plazo de la curva de rendimiento en moneda extranjera".
La emisión se sumó a la reciente aprobación en el Congreso, el pasado 2 de noviembre, de créditos suplementarios para el presupuesto de 2026 por valor de 8.228,4 millones de soles (unos 2.393 millones de dólares o 2.139 millones de euros) para financiar acciones frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, impulsar la infraestructura y fortalecer la seguridad ciudadana, la salud, la educación, así como otros servicios y obligaciones esenciales.