"La postura británica frente a la pretensión argentina está sólidamente cimentada. El Reino Unido no alberga duda alguna sobre su soberanía en las Islas Falkland y, por ende, sobre su soberanía y derechos soberanos en las áreas marítimas adyacentes", dijo la fiscal general del Reino Unid, Ellie Reeves, ante el TIDM, al que Argentina ha pedido medidas cautelares para detener el inicio a principios de 2027 de proyectos hidrocarburíferos en las costas de las islas.
La línea argumentativa de Reeves fue aseverar que el caso argentino ante el TIDM es una reclamación sobre la soberanía y por ende la corte no es competente en virtud de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (CONVEMAR).
"(...) este caso constituye una disputa sobre soberanía territorial terrestre que escapa a la competencia del tribunal", afirmó.
Indicó que la soberanía británica sobre las islas "se remonta a 1765, con una presencia y administración ininterrumpida, efectiva y pacífica desde enero de 1833" y que "la única interrupción a la administración pacífica británica fue la invasión armada perpetrada por Argentina en 1982".
"La presencia y administración pacífica del Reino Unido se restableció dos meses después y se ha mantenido durante las décadas posteriores", recalcó.
En 2013, "ante la persistente intimidación política y hostilidad de Argentina", se celebró un referéndum en las islas sobre la conservación o no del estatus actual político como Territorio Ultramar del Reino Unido, "en el que el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de continuar siendo británicos", sostuvo.
"Argentina insiste, no obstante, en imponer su agenda política de reivindicación de soberanía", recalcó.
"A pesar de ello, hemos procurado mantener un diálogo constructivo" y "el Reino Unido ha reiterado constantemente su disposición a cooperar con Argentina en temas de interés mutuo en el Atlántico sur y de forma más amplia", señaló la fiscal general.
Por el contrario, sostuvo, "Argentina ha optado por recrudecer agresivamente su retórica en las últimas semanas", y el presidente, Javier Milei, declaró en septiembre que las Islas Malvinas son una "causa nacional" y que se va a "tomar cartas en el asunto".
En opinión de Londres, mediante las medidas cautelares pedidas al TIDM, Argentina "pretende instrumentalizar la CONVEMAR y a la corte para su causa".
"El pretexto", dijo, es el deseo de paralizar las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que circundan a las Islas Falkland, pero Buenos Aires "ignora por completo el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales en beneficio de su propio desarrollo económico", argumentó.
Además, explicó que tales actividades se han desarrollado durante décadas: las primeras licencias de producción se concedieron en 1996 y las primeras perforaciones se iniciaron poco después.
"Las decisiones sobre la explotación de estos recursos competen al gobierno de las islas y a las empresas comerciales implicadas. No son asunto de incumbencia para Argentina", subrayó Reeves.
Según ella, un "aspecto que Argentina ha pasado por alto es su propia actividad de exploración y explotación en el mar", dado que, aseguró, "ha otorgado concesiones y perforado más de 400 pozos en el mar Argentino".
"Ahora pretende convencer a este tribunal de que abriga inquietudes sobre los riesgos ambientales que entraña el proyecto en litigio", especialmente el Sea Lion, cuyas licencias fueron otorgadas en 2025 por el Reino Unido a la petrolera israelí Navitas (65 %) y a la británica Rockhopper (35 %) y cuyo inicio está programado para principios de 2027 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
"Si tales inquietudes fueran genuinas, el gobierno argentino podría haber participado en las consultas sobre la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto en 2024, tal como lo hicieron otras entidades argentinas. No lo hizo. En realidad, a lo que se opone Argentina es a que el gobierno de las islas otorgue licencias de hidrocarburos para el progreso económico de su población. Lo que pretende es apropiarse del control de dichos recursos", aseveró.
Reeves sostuvo que, si se dictaran las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires, éstas "acarrearían consecuencias devastadoras para las Islas Falkland y su población", porque "se arriesgan a perder miles de millones de libras en ingresos fundamentales para su desarrollo económico" y para las empresas "resultarían catastróficas".