Miguel Ángel Pérez Triano, que dimitió el 28 de septiembre, es la primera persona imputada en la causa judicial por posibles responsabilidades penales, informaron este jueves fuentes jurídicas.
Era representante del Ejecutivo español en la ciudad norteafricana cuando más de 80.000 personas entraron a nado y a pie desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
Una gran parte de ellas regresaron poco después, pero en la ciudad quedó un número indeterminado de migrantes, que levantaron campamentos en sus playas o se refugiaron en las zonas montañosas, lo que causó una grave crisis socioeconómica y alimentó el malestar de la población y las autoridades locales con el Ejecutivo central.
Su citación a declarar se produce después de que un estrecho colaborador, Gonzalo Sanz, asegurara que había transmitido verbalmente a Pérez Triano los avisos que recibió de un miembro de los servicios secretos españoles (CNI) un día antes de la entrada masiva.
Pérez Triano argumentó que desconocía este mensaje, lo que posteriormente provocó la dimisión de Sanz, quien mantenía que sí se lo había comunicado.
El exdelegado del Gobierno insistió en que desconocía el aviso y lo único que había transmitido al Gobierno es que la presión migratoria estaba aumentando de forma considerable en el perímetro fronterizo de Ceuta, sobre todo con entradas a nado. Dijo también que nada permitía atisbar la avalancha de miles de personas.
El Ejecutivo español ha accedido a desclasificar los informes elaborados en relación con estos hechos por el CNI y requeridos por la jueza, quien además decidió convocar a declarar a dos miembros de la inteligencia española.
El jefe del CNI en Ceuta podrá comparecer como testigo en la Audiencia Nacional, pues ha sido autorizado por el Gobierno a petición de la jueza, confirmaron fuentes jurídicas, en la pieza secreta de la investigación por tratarse de información reservada.
Tardón también ha pedido a la Policía un informe de las incidencias, análisis, investigaciones o documentos de inteligencia que consten en relación con anomalías en las comunicaciones operativas entre los días 28 de julio y 5 de agosto; y ha reclamado a la Guardia Civil las grabaciones de las llamadas recibidas los dos últimos días de julio.