En ese caso también están procesadas otras doce personas como presuntas autoras del delito, para las que el Ministerio Público pidió que se les "imponga la pena correspondiente, con dos agravantes".
Mientras que para otras cuatro personas, investigadas como supuestos cómplices, pidió que se les sume un agravante a la pena de cárcel.
Arroyo, quien está preso en la cárcel de máxima seguridad femenina de Guayaquil porque en su documento de identidad está registrado como mujer, fue detenido en agosto del año pasado por una investigación relacionada con contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando asumió la Alcaldía de Pujilí, en la provincia andina de Cotopaxi.
Según el Ministerio Público, se identificaron indicios de presuntas irregularidades en obras como la construcción de iglesias, casas comunales y caminos.
Las obras habrían iniciado antes de la adjudicación de los contratos, utilizando materiales y personal municipal.
Posteriormente, ya en funciones, el alcalde habría adjudicado esas obras mediante procesos de contratación pública y gestionado contratos para la compra de las palmeras y plantas, de acuerdo a la tesis fiscal.
Arroyo llegó al poder municipal en 2023 con el 63,71 % de los votos lo que, según medios locales, lo convirtió en el segundo alcalde más votado del país.
El peculado se sanciona en Ecuador con una pena de cárcel de entre 10 y 13 años, lo que puede aumentar con agravantes.