La jueza no acogió el pedido de Fiscalía, que buscaba que se envíe a Andrade a prisión preventiva, y también ordenó que se le coloque un dispositivo de vigilancia electrónica y que se presente periódicamente ante una autoridad judicial.
De acuerdo al Ministerio Público, la investigación previa por este caso se inició el 24 de julio de 2025, a partir de un informe con indicios de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas).
Según ese informe, el investigado habría registrado un incremento patrimonial injustificado de 407.101 dólares, sumado a pagos de deudas de tarjetas de crédito por 175.820 dólares cuyos fondos tampoco tendrían justificación.
Ese incremento supuestamente se registró durante su trabajo como defensor público y posteriormente como juez, entre 2020 y el 21 de febrero de 2025.
Sin embargo, el magistrado, que ejerce ahora en una unidad penal, dijo en octubre pasado, cuando la Fiscalía registró su casa para detenerlo, que esa investigación tenía "errores" que supuestamente ya fueron reconocidos por el Ministerio Público.
Además, indicó que el proceso fue reactivado el pasado 25 de septiembre, después de que, junto a otra jueza, interpuso una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional porque el Consejo de la Judicatura eliminó a inicios de ese mes la unidad anticorrupción a la que pertenecían.
"Son retaliaciones, quizás, por mi desacuerdo con la supresión de la Unidad Especializada. Estoy presto a renunciar, solo quiero que dejen de perseguirme", señaló en ese entonces en una carta pública dirigida al presidente del país, Daniel Noboa, y al ministro del Interior, John Reimberg.
La eliminación de esta unidad, creada en 2022 con el apoyo de Estados Unidos, también fue cuestionada por la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, y la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite.