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HRW condena el plan de cinco países europeos para crear un centro de deportación en Ruanda

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Nairobi, 17 nov (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que el proyecto de cinco países de la Unión Europea (UE) para crear en Ruanda un centro de deportación para acoger solicitantes de asilo rechazados no cumple los requisitos europeos en materia de derechos humanos y puede exponer a los deportados a abusos.

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Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron este lunes que han acordado con Ruanda la creación de un "centro de retorno" en 2027 para solicitantes de asilo rechazados en la UE.

"La historia ha demostrado que los traslados a terceros países violan derechos y provocan sufrimiento", afirmó en un comunicado Judith Sunderland, directora asociada de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW.

La organización pro derechos humanos señaló que el nuevo Reglamento de Retornos de la UE permite establecer centros de deportación en países extracomunitarios para personas que no puedan ser expulsadas directamente a sus Estados de origen.

Sin embargo, la normativa establece que esos acuerdos deben alcanzarse con países que respeten el derecho internacional de los derechos humanos, una condición que Ruanda no cumple, según HRW.

La ONG criticó, además, que los cinco países europeos no presentaran públicamente ninguna evaluación sobre derechos humanos o diligencia debida al anunciar la iniciativa.

HRW acusa al Gobierno ruandés de mantener un historial de represión de la disidencia, que incluye detenciones y malos tratos contra críticos y opositores, ataques contra defensores de derechos humanos e interferencias en la independencia judicial.

La organización recordó asimismo el papel de las Fuerzas Armadas ruandesas en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde, según HRW, apoyan y ejercen control sobre el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Tanto las fuerzas ruandesas como el M23 han sido acusados por organizaciones internacionales de cometer graves abusos y crímenes de guerra durante el conflicto en el este congoleño.

HRW recordó que Alemania, Grecia, Dinamarca y Países Bajos expresaron este mismo año preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda durante el examen periódico del país ante Naciones Unidas.

La ONG evocó también el anterior acuerdo entre Reino Unido y Ruanda para enviar al país africano a solicitantes de asilo, un proyecto que el Tribunal Supremo británico declaró ilegal en 2023 y que el Gobierno laborista canceló definitivamente en 2024.

A diferencia de aquel plan, el nuevo modelo europeo prevé trasladar únicamente a personas cuyas peticiones de asilo hayan sido rechazadas definitivamente y que no puedan ser devueltas directamente a sus países de origen.

Los menores no acompañados quedan excluidos, aunque el nuevo Reglamento de Retornos permite que los centros en terceros países reciban a familias con hijos, según HRW.

La organización advirtió de que las deportaciones a terceros países pueden exponer a las personas afectadas a detenciones arbitrarias, malos tratos, situaciones de indigencia o posteriores devoluciones a lugares donde corran peligro.

"Deportar por la fuerza a personas, incluidos niños, a un país donde las pruebas indican que sus derechos están en riesgo supone una sorprendente abdicación de responsabilidad y humanidad", afirmó Sunderland.

Por contra, el ministro ruandés del Interior, Vincent Biruta, aseguró que las personas trasladadas a Ruanda serán tratadas "con dignidad" y "de forma justa".

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