El máximo tribunal de Naciones Unidas concluyó, por mayoría, que Birmania "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" en el norte del estado de Rakáin, en el primer fallo de la CIJ que establece la responsabilidad internacional de un Estado por este crimen.
Los jueces determinaron que las pruebas demuestran "la intención de destruir a una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, según la Convención internacional que prohíbe este crimen.
Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó a las autoridades birmanas permitir y facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados por la ofensiva de 2017, tanto dentro del país como en el extranjero, así como garantizar la reunificación de las familias separadas.
Los jueces también exigieron a Birmania devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.
Además, la CIJ obligó a Birmania a indemnizar a la comunidad rohinyá y a sus miembros por aquellos daños que no puedan repararse mediante estas medidas de restitución, como la devolución de sus propiedades.
En cuanto a la investigación de los crímenes, la Corte ordenó al Estado birmano adoptar medidas "inmediatas y efectivas" para investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017 y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.
El tribunal también exigió a Birmania aprobar legislación que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ofrecer "garantías de no repetición" para impedir que se produzcan violaciones similares en el futuro.
La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no supone una condena penal individual de militares o dirigentes concretos, algo que la CIJ exige que haga la propia Birmania después de esta sentencia.
La ofensiva militar de 2017 provocó el desplazamiento masivo de la población rohinyá, una minoría musulmana que lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos en Birmania.
