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Un centro para migrantes a 5.000 kilómetros de Europa: ¿Qué sabemos del pacto con Ruanda?

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Redacción internacional, 19 nov (EFE).- Cinco países europeos planean deportar a solicitantes de asilo cuyas demandas hayan sido rechazadas a más de 5.000 kilómetros de la frontera sur de Europa: es la base del acuerdo anunciado esta semana con Ruanda, envuelto en dudas sobre su eficacia, su coste y el impacto en los derechos humanos de los deportados.

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Según datos oficiales y expertos consultados por EFE, esto es lo que se sabe hasta ahora del plan de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para crear en el pequeño país centroafricano lo que denominan como "centro de retorno" de migrantes:

Al futuro centro en Ruanda solo se podrá deportar a migrantes indocumentados cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y cuyos países de origen no acepten su repatriación, con excepción de los menores no acompañados, según el acuerdo anunciado el lunes en Viena.

La idea de los cinco países es empezar en 2027 a enviar migrantes a unas instalaciones aún por determinar con capacidad para unas 100 personas, en las que cada grupo permanecería unos dos meses pero sin estar detenidos, sino con libertad de movimiento, según fuentes diplomáticas europeas.

Los afectados tendrían la opción de intentar integrarse en Ruanda, que les concedería derecho a trabajar allí, o de intentar volver a su país de origen, siempre que éste lo acepte.

Por ahora no se ha firmado nada y hay detalles por negociar, pero se trata de un proyecto piloto al que podrían unirse otros miembros de la UE y que podría replicarse en naciones como Uganda, con la que Países Bajos ya alcanzó un pacto en septiembre.

El acuerdo se ampara en el Reglamento de Retorno de la UE, aprobado en octubre con la oposición de España y pensado para sortear las altas tasas de países de origen de los migrantes que se niegan a aceptar su repatriación.

Aunque la UE ya ha acelerado su gestión del asilo con el Pacto de Migración, el acuerdo con Ruanda "representa un paso más en la externalización del control migratorio, porque estamos devolviendo personas a países que no conocen", dijo a EFE el investigador principal del área de Migraciones del centro de estudios CIDOB, Francesco Pasetti.

Para Pasetti, enviar a cien migrantes desde cinco países es más que nada un gesto "simbólico", que permite que esos Gobiernos europeos argumenten ante sus sociedades "que están haciendo algo" frente a una cuestión que cada vez tiene más peso en las citas electorales.

Judith Sunderland, directora asociada de la división sobre migrantes y refugiados de Human Rights Watch (HRW), va más allá: "No hay absolutamente ninguna prueba de que este tipo de esquema pueda servir como un elemento disuasorio real para frenar la migración de indocumentados hacia la Unión Europea", advirtió en declaraciones a EFE.

Los países implicados asumirán el coste íntegro de la creación y gestión del centro de migrantes -sin ningún gasto derivado a la UE-, y Alemania ya ha desvelado que destinará a ese proyecto 20 millones de euros en sus presupuestos del próximo año.

Con esos fondos, Alemania planea deportar a 40 de los 100 migrantes para los que tendrá capacidad el centro en el país africano, lo que eleva el coste por deportado a unos 500.000 euros.

"Es la absurdidad de la política simbólica", opinó Pasetti, quien recordó que esos fondos podrían haber ido a parar a "programas de integración, de acogida" de migrantes, que "permitirían no a una, sino a muchas personas, integrarse mejor en la sociedad" de los países europeos.

Ruanda tiene experiencia en proyectos de este tipo: hace cuatro años llegó a un acuerdo similar con el Reino Unido que no llegó a aplicarse, y desde el año pasado recibe a deportados de Estados Unidos sin vinculación con el país. Pero, al contrario que en esos casos, esta vez aseguran que no quieren una compensación económica directa por acoger el centro de migrantes europeo.

El pequeño país, dirigido con mano de hierro desde 2000 por Paul Kagame, parece estar más interesado en la legitimación internacional que puede suponerle el esquema, después de que la propia UE sancionara el año pasado a sus líderes militares por su implicación en la guerra de la vecina República Democrática del Congo (RDC).

Medio centenar de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, HRW y expertos de la ONU, han advertido de los riesgos que supone trasladar a los migrantes a un país sobre el que pesan graves denuncias de represión política, detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes.

"Ruanda tiene un historial de derechos humanos deplorable. Es verdaderamente impactante que lo hayan elegido para esto", dijo Sunderland, de HRW, a EFE.

La ausencia, por ahora, de un acuerdo formal firmado inquieta a organizaciones como HRW, que temen que dicho pacto no llegue a hacerse público o que no llegue a implementarse adecuadamente, y exigen que incluya "garantías rotundas" para los derechos de los migrantes y "mecanismos de supervisión completamente independientes y transparentes", subrayó Sunderland.

Si eso no ocurre, hay "graves preocupaciones de que los migrantes puedan acabar detenidos, y de que puedan ser coaccionados para tomar decisiones que no quieran tomar", alertó.

La experta en Ruanda de HRW, Clémentine de Montjoye, a la que las autoridades ruandesas no permiten entrar al país, explicó a EFE que hay "muy poca información disponible de lo que ha ocurrido a los más de 20 deportados allí desde Estados Unidos", y se mostró escéptica sobre "qué tipo de supervisión independiente puede ser posible en un contexto represivo" como el de ese país.

Para Pasetti, los países europeos se están exponiendo, además, a un posible futuro "chantaje" de Ruanda: "En el momento en que Kagame decida pedir algo más a cambio de seguir manteniendo estos centros, ¿qué harán los países que tengan un acuerdo con él?", planteó.

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