Unas 5.333 solicitudes de tierra han sido registradas en el país caribeño, lo que equivalen a 137.500 hectáreas, de las cuales ya fueron otorgadas el 75 %, tras la publicación en septiembre de la ley que rige la propiedad, posesión, uso y flexibiliza la entrega a personas naturales, jurídicas, extranjeras y mipymes, aseveró Raúl Placencia, director de Tierra del Ministerio de Agricultura.
Puntualizó que entre los solicitantes hay personas que "ya poseían tierra para trabajar y ahora amplían sus áreas", pues la norma no establece límite de cantidad ni de tiempo, sino que se coordina en contrato entre la empresa y el solicitante, refirió un artículo publicado en el diario oficialista Granma.
El directivo detalló que Villa Clara (centro-este) es la provincia con más solicitudes en este proceso, seguida por Santiago de Cuba y Camagüey (este).
Sin embargo, señaló la necesidad de que "haya más personas que lleguen al campo y produzcan para que el pueblo pueda tener el beneficio".
Cuba publicó en septiembre la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal que aprobó la entrega de tierras en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas, con independencia de su objeto social, para la producción de alimentos, bienes y servicios agropecuarios o forestales.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció la pasada semana que la población en la isla espera que hayan "menos apagones y más alimentos", temas que dijo "son los primeros en los que hay que buscar que haya transformación y se empiecen a ver los impactos" de las 176 reformas.
Tras el colapso de su agricultura desde hace décadas, Cuba importaba el 80 % de los alimentos que consume, una labor complicada en los últimos años ante la falta de divisas del Estado y agravada este 2026 por el cerco petrolero de EE.UU. a la isla y las sanciones a quienes hagan negocios con el Ejecutivo de La Habana.
Díaz-Canel reiteró la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos en un contexto marcado por una severa crisis energética y económica que se traduce en carestía de productos y servicios básicos como medicamentos, transporte y agua potable, así como una inflación galopante y dolarización de la economía.
