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Nuevo borrador de COP31 reafirma el deber financiero de los países ricos, pero sin cifras

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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- El nuevo borrador de acuerdo de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31), difundido este domingo, reincorpora el recordatorio explícito a la obligación legal de los países desarrollados de aportar recursos financieros, pero mantiene sin una cifra concreta el objetivo de triplicar la financiación para adaptación antes de 2035.

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En su capítulo financiero, el texto presentado por la copresidencia de Turquía y Australia, que es el que se presentará al plenario que se reanudará a las 09:00 hora local (06:00 GMT) tras dos días de prórroga, intenta equilibrar las exigencias del bloque de los países en desarrollo -que pedía garantías sólidas de fondos públicos- con la negativa de las economías industrializadas a asumir nuevos compromisos cuantitativos.

Con el fin de desbloquear el respaldo del grupo de las naciones en desarrollo, el borrador recupera una mención expresa al artículo 9.1 del Acuerdo de París, al subrayar que los países desarrollados "deberán proporcionar recursos financieros" para ayudar en mitigación y adaptación como continuación de sus obligaciones existentes, al tiempo que recuerda que otras naciones pueden contribuir de forma voluntaria.

Sin embargo, el documento mantiene sin una cifra mínima cerrada la meta de triplicar la financiación para adaptación de cara a 2035, después de que en el segundo borrador del jueves ya se suprimiera la referencia a alcanzar "al menos 120.000 millones de dólares" anuales que figuraba en la primera versión del lunes.

En su lugar, el texto encarga al Comité Permanente de Finanzas elaborar un informe técnico con opciones para fijar la línea base de ese cálculo y remite la definición de una hoja de ruta de implementación a la próxima cumbre climática (COP32), prevista para noviembre de 2027.

Asimismo, lanza bajo el liderazgo de las presidencias de la COP31 y la COP32 la denominada 'Hoja de Ruta de Antalya a Adís Abeba sobre Financiación para la Adaptación y la Resiliencia', destinada a identificar fuentes públicas predecibles e innovadoras y mejorar los mecanismos de acceso antes de finales de 2027.

Igualmente, el documento sí mantiene el diagnóstico sobre la magnitud de la brecha económica al destacar que las necesidades recogidas en los planes climáticos nacionales de los países en desarrollo ascienden a entre 5,1 y 6,8 billones de dólares hasta 2030 (de 455.000 a 584.000 millones al año), además de otros 305.000 millones anuales para adaptación hasta 2035.

La presidencia ha optado por suprimir del borrador final los datos críticos que figuraban en las versiones anteriores sobre la falta de liquidez del Fondo para Pérdidas y Daños (donde las solicitudes alcanzaban los 2.800 millones de dólares frente a apenas 342 millones asignados y solo se había desembolsado la mitad de los 822 millones prometidos), sustituyéndolos simplemente por un llamamiento diplomático a seguir ampliando sus recursos.

Por último, el texto reitera la importancia de reformar la arquitectura financiera multilateral para eliminar barreras como los elevados costes de capital y el limitado espacio fiscal de los países en desarrollo, y toma nota del aumento del 21 % en la financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo registrada en el último año, rumbo a su meta de aportar 120.000 millones anuales y movilizar 65.000 millones privados en 2030.

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