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Perú crea un registro de organizaciones criminales "con prácticas terroristas"

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Lima, 22 nov (EFE).- El Gobierno de Perú oficializó este domingo la creación de un registro de organizaciones criminales que cometan actos terroristas, cuyos integrantes recibirán condenas de hasta 35 años de prisión, además de otras normas que modernizan la organización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y permiten que las Fuerzas Armadas construyan nuevos penales en el país.

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"Con los cambios que impulsamos, dotamos al Estado de capacidades reales para ganar la batalla contra el crimen: nueva infraestructura, inteligencia financiera y una gestión penitenciaria firme", señaló al respecto el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en un comunicado emitido por su despacho.

El primer ministro, quien también es vicepresidente de Perú, aseguró que los nuevos decretos fortalecen la capacidad del Estado para recuperar el control de las cárceles y combatir a las organizaciones criminales "desde distintos frentes".

Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó que este domingo se publicó en el diario oficial El Peruano un decreto que crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte), un padrón que permitirá "identificar y vigilar" a las bandas que usan explosivos o armas de fuego "para sembrar el miedo y obtener ganancias ilícitas" en el país.

Según la norma, la inscripción en este registro se hará a propuesta de los sectores encargados de la seguridad y defensa nacional o por disposición de fiscalías y juzgados.

También, establece que estos actos serán sancionados con condenas que irán de 15 a 35 años de prisión, faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a congelar de inmediato las cuentas de los implicados y activa alertas migratorias para evitar su fuga.

Otro decreto publicado este domingo traslada al Ministerio de Defensa la responsabilidad de formular y ejecutar la construcción y el mejoramiento de prisiones.

"De esta manera se aprovechan las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para agilizar las obras y cerrar la brecha de infraestructura frente al hacinamiento", aseguró la PCM.

También, entró en vigencia un decreto que moderniza la estructura del INPE y refuerza sus funciones en la seguridad, la inteligencia penitenciaria y los programas de resocialización en las cárceles.

En esta disposición se crea un tribunal disciplinario autónomo que se encargará de sancionar con celeridad las irregularidades cometidas por el personal penitenciario y habilita la designación de puestos directivos "de confianza".

"Las normas publicadas hoy refuerzan una ofensiva que ya da resultados concretos, como los golpes contra cabecillas criminales que ejecutamos en los últimos meses y el control militar alrededor de las cárceles", concluyó Galarreta.

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