Itaipú Binacional adjudicó a Dobrestec SA —nombre legal de GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez y allanada el 17 de noviembre en el marco del caso Ueno— el servicio de vigilancia de sus oficinas y dependencias de la margen derecha.
En un proceso que su “Portal de proveedores”, en la parte de “Resultados de Licitaciones”, fecha el 8 de junio, se puede ver que son dos contratos que suman G. 32.745.781.980: G. 16.582 millones por el lote de Ciudad del Este y G. 16.163 millones por el del área del embalse. Con ese reparto, ninguno de los dos supera los US$ 5 millones, el monto desde el cual, según una fuente que ocupó un alto cargo en Itaipú, la decisión corresponde al Consejo de Administración y no solo al Directorio Ejecutivo.
Lea más: Grupo Vázquez: firma de seguridad multiplicó negocios
Un proceso, dos lotes y una sola empresa

La licitación figura en el portal de Itaipú como NE 0504-26 y tiene por objeto la vigilancia de las oficinas y otras dependencias de la margen derecha, dividida en el Lote 1 (Ciudad del Este) y el Lote 2 (área del embalse). Ambos fueron adjudicados a Dobrestec SA y formalizados en contratos distintos: el 4500085395, por G. 16.582.799.358, y el 4500085415, por G. 16.162.982.622.
La diferencia entre un lote y otro es de apenas 2,5%. Al tipo de cambio de junio, que rondó los G. 6.100 por dólar, el total equivale a unos US$ 5,3 millones y cada lote a entre US$ 2,6 y 2,7 millones. El portal no indica qué autoridad homologó la adjudicación ni sobre qué valor se procesó el llamado.
Itaipú, además, está excluida de la Ley de Contrataciones Públicas, por lo que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no interviene en sus licitaciones.
Lea más: Ueno Bank: dinero hallado en GSR Security sube a G. 15.000 millones, pero faltan G. 3.090 millones
Los topes de competencia y la regla contra el fraccionamiento
La Norma General de Licitación (NGL) de Itaipú, aprobada por el Consejo de Administración en 2012, no fija montos: su artículo 54 delega en el propio Consejo los límites de valor y de competencia. Esos límites constan en la RCA-019/2020, cuya tabla de modalidades, a la que accedió ABC, establece que toda adquisición por encima de US$ 500.000 va por licitación pública. Cada uno de los dos lotes de Dobrestec supera ese umbral con holgura.
Los tramos que definen quién aprueba cada contrato no figuran en esa tabla. Según una fuente que ocupó un alto cargo en la entidad, un Director General puede decidir solo hasta US$ 500.000; con la firma de los dos Directores Generales (Paraguay y Brasil), hasta US$ 1 millón; entre US$ 1 y 5 millones decide el Directorio Ejecutivo (conformado por la dirección financiera, administrativa, jurídica, de coordinación y técnica) y desde US$ 5 millones, el Consejo de Administración. La misma fuente afirmó que tampoco se pueden partir montos para evitar al Consejo.
Esa advertencia coincide con la norma. El artículo 4 de la NGL prohíbe fraccionar el monto de los contratos “con la intención de eludir” los procedimientos. La Instrucción de Procedimiento IP-18 (RDE-116/18, del 10 de mayo de 2018) precisa que hay fraccionamiento cuando, en un mismo ejercicio financiero, se contratan objetos similares o servicios de la misma naturaleza en el mismo lugar.
Considera infracción contratar por parcelas cuando la suma supera el límite de una modalidad o cuando se “eluden las alzadas” de competencia fijadas por el Consejo, y para las compras en etapas exige respetar los límites que correspondan al valor total de lo que debió contratarse.
Con esos criterios, se nota que sumados los contratos con Dobrestec, los G. 32.746 millones superan en cerca de 7% los US$ 5 millones. Separados, cada lote queda solo en el tramo del Directorio Ejecutivo.
Las normas dejan margen para una defensa: los lotes corresponden a lugares distintos —Ciudad del Este y el embalse— y se trata de un solo proceso y no de varios. Para saber si el Consejo debía intervenir hacen falta la resolución de homologación y el pliego de bases del llamado, que ABC no pudo consultar.
Lea más: Fiscales allanan empresa de seguridad vinculada al Grupo Vázquez y aguardan a directivos del BCP
Una firma que multiplicó sus contratos con el Estado
Dobrestec SA, antes Paraguay Security, opera con el nombre comercial GSR Security y estaba a cargo de custodiar las sucursales de Ueno Bank y de transportar su dinero. El 17 y 18 de noviembre, fiscales allanaron su sede en Asunción: hallaron poco más de G. 15.000 millones, frente a los unos G. 18.000 millones y US$ 189.000 que debía tener según el arqueo del 3 de noviembre, y confirmaron un faltante de G. 3.090,6 millones en el paquete de Red Digital. Su director, Fabricio Martín Martínez Appleyard, fue detenido y un juzgado ordenó su prisión preventiva.
El Banco Central del Paraguay (BCP) incluyó a Dobrestec entre las firmas de la triangulación de préstamos a sociedades vinculadas al Grupo Vázquez. Según los registros de la DNCP, la empresa acumula desde agosto de 2023, 18 adjudicaciones por G. 176.623 millones, frente a 41 por G. 119.696 millones en los diez años anteriores. El contrato de Itaipú es el segundo mayor, detrás de las tobilleras electrónicas del Ministerio del Interior, por hasta G. 81.332 millones, adjudicadas al Consorcio Track.
En abril de 2024, la DNCP inhabilitó a la firma por seis meses por incumplimiento contractual y mala fe, a raíz de la demora en la entrega de 1.500 chalecos antibalas. La sanción quedó en suspenso por sucesivas decisiones judiciales y administrativas y, según la reconstrucción de ABC, sigue sin efecto a la espera de la Corte Suprema.
Qué respondió Itaipú
Consultado por ABC sobre cómo queda el contrato de G. 32.746 millones y la seguridad contratada tras el caso Ueno, el superintendente de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, derivó la consulta al área administrativa, a cargo recientemente del director interino Jaime Céspedes, quien ya integraba la binacional y ocupó cargos como el de superintendente de Cumplimiento.
Ante la insistencia de que la seguridad -contratada con Dobrestec- de Itaipú estaba en juego, Rodríguez Tornaco sostuvo que la seguridad de la represa, que definió como el patrimonio económico más importante del país, está a cargo de la seguridad empresarial de la entidad, con personal de “carnet rojo” y exmilitares, bajo la dirección del almirante Scolari. Según explicó, las empresas contratadas cubren las áreas administrativas y otras externas.
Hasta el cierre de esta nota, la binacional no había precisado el estado del contrato con Dobrestec ni si habrá cambios tras el allanamiento. Lo que sí contestó Rodríguez Tornaco es que “están haciendo el relevamiento y evalúan convocar a la empresa para dimensionar el alcance”.
Sin embargo, el director de esta firma, Fabricio Martín Martínez Appleyard, fue detenido por orden de la Fiscalía tras detectarse un faltante de G. 3.090 millones en la bóveda de la empresa. El dinero fue devuelto mediante un cheque luego de los operativos fiscales y policiales. De igual manera, el Juzgado ordenó que cumpla prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).
