MADRID. Nueve de ellos, actualmente en prisión preventiva, deberían ser juzgados por rebelión, un delito que puede costarles 25 años de cárcel y que genera controversia en los estamentos judiciales.

Entre ellos figuran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros cinco miembros del gobierno de Puigdemont, la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell y los líderes de dos asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En cambio, no será juzgado el expresidente Puigdemont, a quien el alto tribunal declaró en rebeldía.

La imputación de este grave delito generó indignación en las filas independentistas e incluso controversia en los estamentos judiciales dado que implica el uso de la violencia para modificar la Constitución, tumbar al rey, impedir unas elecciones o proclamar la independencia, entre otros supuestos.

Una parte de los juristas españoles argumentan que no hubo un “levantamiento violento” en el intento de secesión que culminó con la proclamación de una república fallida por parte del Parlamento regional el 27 de octubre de 2017.

Previamente, el primero de ese mes, el gobierno regional había impulsado la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación que quedó marcado por la actuación violenta de los agentes policiales enviados por Madrid para impedirlo.

Además de los nueve dirigentes encarcelados por rebelión, otros nueve políticos catalanes, entre miembros del gobierno y diputados de la cámara regional, también fueron enviados a juicio por desobediencia y malversación.

Con esta decisión del Supremo, que descartó nuevas peticiones de sobreseimiento y de practicar nuevas diligencias de los abogados de la defensa, se abre el plazo para que la fiscalía, la abogacía del Estado (que representa al gobierno) y la acusación particular presenten sus escritos.