Congreso peruano reanuda debate que puede desembocar en su disolución

LIMA. El Congreso de Perú, controlado por la oposición, reanuda hoy el debate por la moción de confianza que presentó el Poder Ejecutivo para impulsar sus reformas anticorrupción. De ser rechazada puede llevar a la disolución y elecciones anticipadas.

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La sesión comienza a las 09H00 locales (14H00 GMT) para permitir que tomen la palabra una veintena de congresistas pendientes aún de intervenir, tras la maratónica jornada de más de 10 horas del martes que se inició con la exposición del presidente del Consejo de Ministros peruano, Salvador del Solar.

La decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de suspender la sesión en la que se preveía realizar la votación permitirá al gobierno y a la mayoría opositora medir sus fuerzas ante la incertidumbre sobre el resultado.

A pesar de carecer de partido y bancada, el presidente Martín Vizcarra confía en la aprobación a la “cuestión (moción) de confianza” que presentó el 27 de mayo. En el Congreso, bajo control de una mayoría populista radical de derechas, están sin embargo divididos sobre la votación que podría dejar en la calle a 130 parlamentarios si no se otorga la confianza al gobierno.

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La mayoría conservadora no dudó en mostrar los dientes durante el primer día de debate. “Perú es un país democrático, pero cómo confiar en un gobierno que plantea una cuestión de confianza por temas que no resolverá” , dijo el congresista Luis Galarreta, secretario general del fujimorista Fuerza Popular, partido opositor mayoritario.

En sus filas, algunos estiman que Vizcarra se extralimita en sus funciones, lo que consideran podría acabar en una deriva totalitaria. Pero otros no comparten ese punto de vista. Al inicio de la sesión del martes, Del Solar sustentó ante el Congreso la moción de confianza solicitada.

“Es urgente salvar a la democracia de la corrupción, es urgente evitar que personas con delitos penales nos representen, tenemos que alentar que ciudadanos con vocación de servicio participen en política” para que los peruanos confíen en las autoridades, dijo al defender las reformas propuestas.

Si la moción es rechazada, puede desencadenar la disolución constitucional del Legislativo y la renuncia del gabinete. Según la Constitución, la moción de confianza es un mecanismo por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente.

Pero si los legisladores rechazan este pedido a dos gabinetes, como sería en esta ocasión, el presidente puede disolver el Congreso. El gobierno está obligado en ese caso a convocar elecciones parlamentarias en un plazo de cuatro meses, durante los cuales Vizcarra legislaría mediante decretos de urgencia.

Las primeras intervenciones del debate dejaron sin embargo ver un ánimo conciliador, distante de la confrontación de días previos. Y el analista Aníbal Quiroga incluso dijo a la radio RPP, tras las primeras horas de debate, que “se daría la confianza, (y) la disolución estaría descartada”.

El fragmentado Congreso está dominado por una frágil mayoría compuesta por Fuerza Popular y otros grupos minoritarios. Los reflectores están puestos en este partido, que lidera Keiko Fujimori.

La hija del expresidente Alberto Fujimori cumple prisión preventiva por supuestamente recibir fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en 2011. La izquierda, que suma 20 votos a través del Frente Amplio y Nuevo Perú, votará en contra para intentar acabar con la mayoría conservadora.

Cinco proyectos de reforma están asociados a la moción. Estos contemplan regular el financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros. También proponen que sea la Corte Suprema y ya no el Congreso el órgano que quite la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes.

Vizcarra impulsa la reforma para prevenir actos de corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de Odebrecht. La empresa ha confesado que repartió millones de dólares entre figuras del poder, desde presidentes a alcaldes, para conseguir contratos de obras públicas. La última vez que un presidente disolvió el Congreso fue en abril de 1992. En aquella ocasión, Alberto Fujimori (1990-2000) lo cerró con respaldo militar, detuvo a opositores y censuró a la prensa.

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